Plataforma 2013 -- Punto de Inflexión

¿Por qué escribimos esta plataforma?

Entre el 2 y el 7 de septiembre de este año, se llevarán a cabo las elecciones de Representantes de Graduados y de Estudiantes en el Consejo Directivo de la FCEyN. Los momentos electorales motivan debates en torno a las políticas de la Facultad que involucran a todos los claustros. Creemos que estos momentos son auspiciosos para analizar desde una mirada crítica la política de la FCEyN y del sistema científico-tecnológico nacional, en sus diversos aspectos, y abrir la discusión a la comunidad académica sobre qué debemos cambiar y cómo se podrían encarar nuevos rumbos.

Por ello, desde Punto de Inflexión, elaboramos este material en el que sometemos a debate los ejes principales sobre los que se cimienta la Universidad pública. Deseamos que los cuestionamientos y propuestas planteadas motiven el debate y aporten a la discusión masiva de las políticas de la institución que nos abarca a todos y que tiene tantas responsabilidades para con la sociedad.

¿Quiénes somos?

Punto de Inflexión es un grupo de graduados de la FCEyN que formamos con el objetivo de aportar nuevas voces a los debates que se dan en el claustro y en el Facultad en su conjunto. Quienes hoy formamos parte de Punto de Inflexión hemos transitado varias experiencias de militancia previas, en particular mientras fuimos estudiantes muchos formamos parte de La Mella y del FEM. Hoy, ya como graduados, mantenemos intactas las inquietudes que como estudiantes nos impulsaron a construir un nuevo espacio de participación dentro de la UBA.

¿Cuál es nuestra visión de la Universidad?

Desde Punto de Inflexión queremos trabajar para sostener e impulsar día a día la Universidad pública, gratuita, laica, masiva y de calidad. Creemos en una construcción política basada en la participación y en el debate abierto del conjunto de la facultad. Creemos que es necesario que nuestra participación como graduados supere a la mera participación en los ámbitos institucionales. Consideramos que la educación, en todos sus niveles, es un derecho y, al mismo tiempo, una herramienta social fundamental. Somos conscientes del impacto social que tiene nuestra actividad, tanto en el aspecto educativo como en el de la investigación científica y producción de conocimiento. Queremos una FCEyN que busque la excelencia en estos aspectos y que promueva la conciencia, el pensamiento crítico y el compromiso social tanto desde las aulas como desde los laboratorios y desde todos sus ámbitos de influencia, donde los graduados trabajamos y desarrollamos nuestras actividades cotidianas.

¿Por qué nacimos?

Nos embarcamos en la construcción de Punto de Inflexión porque no nos sentimos representados por ninguna de las opciones existentes en la actualidad. Vemos que, a la hora de llevar adelante los debates que atraviesan a la facultad se cae en una lógica binaria de oficialismo vs. oposición donde las argumentaciones a favor y en contra pasan a convertirse en cuestiones de fé. Esta lógica lleva a que, a menudo, las distintas opciones sean presentadas como absolutamente perfectas o completamente desastrosas cuando, en general, distan bastante de ser una cosa o la otra. De esta forma, ambas posturas contribuyen a mantener un status quo donde oposición y oficialismo se mantienen cómodos en sus posiciones, evitando encarar los debates de fondo en profundidad y negando así cualquier posibilidad real de cambio. No se trata de caer en la ingenuidad de creer que siempre es posible obtener una postura de consenso, sino de entender que la única posibilidad de cambio se da cuando la crítica es honesta y hay lugar para la autocrítica.

Queremos que Punto de Inflexión se convierta, con el tiempo y el trabajo, en un espacio de participación para todos los graduados que deseen transformar y construir en el día a día la FCEyN, desde la convicción de defender las conquistas de la educación pública y avanzar hacia una facultad socialmente comprometida, con excelencia en la docencia, la investigación y la extensión. Creemos firmemente que trabajando sin mezquindades y de cara a toda la comunidad de la facultad, se podrán procesar y avanzar sobre los debates que hoy están paralizados en la lógica binaria de oposicionismo. Porque estamos convencidos de que para eso es fundamental la participación de todos, te invitamos a conocer este proyecto que nace y a acompañarnos con tu voto en estas elecciones.

Política científica en la Argentina y en la FCEyN

En este apartado hablaremos sobre la política científica nacional y de la FCEyN. Desde Punto de Inflexión, entendemos que la ciencia es una actividad estratégica para cualquier sociedad o país, y creemos que como tal no puede llevarse a cabo desentendiendose de sus implicancias y consecuencias sociales y políticas. Debemos construir un sistema científico que contemple y aporte a resolver los problemas de nuestra sociedad, desde la inclusión de los diferentes actores sociales, y colocando la educación, la salud, la igualdad y el bienestar social por sobre los valores de rentabilidad y competencia que impone el mercado. Nuestro trabajo como científicos es promover la politización y trabajar en torno a estos temas para que dejen de parecer utópicos, en el marco de lo que Rolando García llamó “la construcción de nuevos posibles”.

Empecemos por hacer un análisis del sistema científico actual para ver luego qué podemos hacer desde la Facultad y qué se hace actualmente.

La política científica del kirchnerismo

El sistema científico en Argentina ha sido desde el comienzo un conjunto de instituciones que trabajan de forma independiente y desarticulada, según objetivos propios que se le imprimieron a cada institución en su fundación. A este problema histórico se le suman varias décadas de desfinanciamiento y deterioro, profundizado en los ‘90. En 2007, se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), punta de lanza (al menos en lo discursivo) del proyecto de la presidenta Cristina Fernández, que busca por primera vez enfrentar los problemas mencionados. Se abrieron fuentes de financiamiento, se fortaleció y jerarquizó el sector científico-tecnológico y se generó un plan de acción para los próximos años. Sin duda estos hechos representan avances para el sector y elevan el nivel de los debates. Por primera vez en mucho tiempo, estamos en condiciones de discutir más allá de los reclamos gremiales y de presupuesto, que siguen muy vigentes, para debatir además qué queremos hacer con el sistema científico-tecnológico.

El proyecto del kirchnerismo para el sector científico fue recientemente plasmado en el extenso documento “Argentina Innovadora 2020” (http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar), elaborado desde el MinCyT. Desde una retórica desarrollista, plantea objetivos variados que van desde la sustitución de importaciones y la tecnificación de la industria, hasta la preservación ecológica y el cuidado social. Sin embargo, desde un principio se puede apreciar que estos ejes tienen pesos relativos muy diferentes, siendo la relación de las instituciones públicas con el sector privado el eje articulador de la política científica planteada.

Las instituciones científicas y el sector privado

En el documento se explicita que “el sistema público y el privado actúan de modos diferentes pero complementarios”, aludiendo a la necesidad de vincularlos en función del “beneficio de todos”. Este eufemismo es una constante en el discurso kirchnerista, donde los intereses de la sociedad se confunden, y son puestos en pie de igualdad, con las necesidades de la empresas y el mercado. Cuando se habla de promover el desarrollo y la investigación de nuevas tecnologías en el sistema productivo, se asume por obvio que esto va a redundar necesariamente en un beneficio para toda la población, en una especie de reversión de la teoría del derrame.

En el documento se propone potenciar la innovación a través de la cooperación público-privada, fomentando la conformación de consorcios mixtos, haciendo transferencia tecnológica a las empresas desde las instituciones públicas de generación de conocimiento, incubando empresas privadas desde las instituciones públicas de CyT, o generando patentes (instrumento legal para convertir el conocimiento en mercancía) que puedan ser vendidas a grandes corporaciones para que las exploten a cambio de royalties. Dice explícitamente que se busca que el 50% de la investigación sea financiada por el sector privado, dado que en los “países desarrollados” la investigación privada es la mayoritaria, lo que asume implícitamente que lo que Latinoamérica necesita para su sistema de CyT es lo mismo que lo que necesitan EEUU o Europa. La historia latinoamericana ha demostrado innumerables veces la reticencia del sector privado local a hacer investigación, siendo las necesidades estratégicas del Estado las que promovieron y financiaron el desarrollo científico.

Este conjunto de cambios que se buscan promover tienden a poner al sistema científico-tecnológico al servicio de las necesidades del mercado. Por supuesto, no se puede plantear simplemente eliminar cualquier vinculación entre los sectores público y privado. Pretender que el sistema de CyT tenga algún impacto sobre el sistema productivo hoy en día sería irreal sin contemplar el sector privado. Pero debe ser el Estado, y no el mercado, quien establezca los objetivos prioritarios y quien tome las riendas del proceso de desarrollo tecnológico.

La vinculación del sistema científico con el sector productivo es una necesidad material detrás de lo que deben ser los verdaderos objetivos a alcanzar: resolver problemas sociales y atender a las necesidades estratégicas del país. Ninguno de estos son los que tienen las empresas privadas, cuyo único interés es la generación de altas tasas de rentabilidad. Para garantizar los objetivos deseados es necesario que el Estado tenga el control de los recursos tecnológicos y el conocimiento que genera, lo que implica construir, aunque sea de a poco, su soberanía tecnológica.

Los objetivos del desarrollo tecnológico y la Soberanía tecnológica

En un análisis preliminar de los primeros resultados de la política del gobierno, se puede ver que se busca fomentar el desarrollo tecnológico en algunos sectores donde tenemos ventajas comparativas para la producción y competencia a nivel internacional, como la nanotecnología, las TICs o la biotecnología. El objetivo pareciera ser la exportación de productos de CyT de alto valor agregado para la obtención de divisas. Muchas veces, a costa de acuerdos con instituciones y empresas extranjeras de mucho peso específico, como el Instituto Max Planck o la corporación Chevron, que le imprimen al desarrollo local la lógica neoliberal imperante en los países centrales. Incluso los proyectos íntegramente locales dependen fuertemente de tecnologías y equipamiento que se deben adquirir en el exterior, lo que genera una fuerte dependencia de esos emprendimientos a los vaivenes de la economía internacional.

Desarrollar e intentar articular el sistema de CyT de Argentina no alcanza para generar beneficio social alguno ni para fortalecer nuestra soberanía tecnológica. El plan propuesto carece de una perspectiva estratégica de largo plazo para desarrollar algunos de los instrumentos necesarios para un desarrollo autónomo e independiente. La producción local de semiconductores y circuitos integrados, insumos biotecnológicos, medicamentos y vacunas, entre muchos otros, son objetivos grandes que solo pueden ser encarados por el Estado, que insumen y generan desarrollos y producción tanto en el ámbito público como en el privado, pero que permiten a largo plazo, fortalecer nuestra soberanía tecnológica y generar un fuerte impacto social. La carencia de grandes proyectos articuladores como estos es una de las críticas frecuentes a la política científica del gobierno, que se le hace desde diversos sectores: desde distintos movimientos sociales hasta grupos específicos de debate sobre la CyT, como puede ser el Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología.

Cabe mencionar que existen algunos proyectos estratégicos que el kirchnerismo mantuvo, como la producción de satélites y reactores nucleares de INVAP, y otros que impulsó desde cero, como YPF Tecnología S.A., que podrían aportar al fortalecimiento de la soberanía tecnológica. Sin embargo, la reciente asociación con Chevron pone en dudas cuál será el verdadero alcance del segundo caso, mientras que en el resto de los proyectos sigue dominando una profunda extranjerización ligada ya sea a la dependencia tecnológica o a la asociación con capitales extranjeros.

El rol de las Universidades: INCUBACEN

El rol de las universidades nacionales ha sido tradicionalmente la formación de recursos humanos de alta capacitación, tanto para instituciones estatales como para empresas públicas o privadas. El marco de relativa libertad del investigador y la autonomía universitaria hicieron de la universidad el lugar natural para el desarrollo de ciencia básica y la producción de nuevos conocimientos, siendo institutos con fines específicos los que tenían a su cargo el desarrollo de tecnologías y el asesoramiento a empresas (CNEA, INTI, INTA, entre otros).

Actualmente, en el marco del proyecto del MinCyT se está buscando que las universidades participen activamente del proceso de desarrollo tecnológico en el sistema productivo. Se busca promover la vinculación de grupos de investigación con capitales de riesgo para “incubar” empresas de base tecnológica a partir de los conocimientos desarrollados en las instituciones universitarias. También se promueve la búsqueda de financiamiento a través de recursos propios, obtenidos a partir de la venta de servicios a empresas y la generación de patentes. El caso paradigmático es el programa INCUBACEN, de la FCEyN, que ha ido a la vanguardia de otros programas similares en la UBA y en otras universidades. El oficialismo (ADU y Sumatoria) creó esta incubadora de empresas privadas dentro de la Facultad hace diez años, cosechando un éxito dudoso en los resultados concretos de generación de empresas, pero muchos elogios desde el ámbito de la política nacional.

La política científica de la FCEyN

Las líneas de investigación en la Facultad se definen, en la actualidad, a partir de los intereses de cada investigador y de su capacidad de conseguir financiamiento, lo que puede generar condicionamientos especialmente cuando éste proviene del ámbito privado. Cada Departamento define sus propias políticas de promoción de líneas nuevas (si las hubiere), generalmente en función de necesidades académicas, y sin que medie una política institucional de promoción de algún área en particular desde al ámbito de la Facultad. Esto no implica que no exista una política científica de la Facultad, ya que la decisión de promover la incubación de empresas privadas, por ejemplo, es claramente una definición política. Pero en lo que a investigación refiere, la política del oficialismo se reduce meramente a la “gestión” administrativa de los recursos, sin establecer prioridades que puedan ser de interés por cuestiones estratégicas o por su impacto social.

A la vez, hay una gradual pérdida de la autoridad respecto de las decisiones en áreas de investigación, debido a la paulatina creación de institutos UBA-CONICET que se superponen con la áreas departamentales, generando una doble cadena de mando en la que la Facultad relega parte de su autonomía para conseguir financiamiento. La FCEyN no cuenta con recursos suficientes como para financiar grupos de investigación, debido a que el financiamiento proveniente del Estado se reduce casi en su totalidad al pago de sueldos y a un mínimo mantenimiento edilicio, lo que dificulta aún más las posibilidades de tomar decisiones y establecer políticas propias.

Qué política científica queremos para la FCEyN

Desde Punto de Inflexión, entendemos que es indispensable que exista el espacio para que los investigadores decidan libremente qué hacer a partir de los recursos que consiguen y los que les brinde la Facultad. En la Universidad Pública se debe promover el desarrollo de ciencia básica y nuevos conocimientos así como el estudio del funcionamiento de la naturaleza, para lo que es esencial respetar y proteger la libertad de investigación y la autonomía universitaria. Pero entendemos que, además de eso, la Facultad y la Universidad son actores políticos que juegan un importante rol en el sistema científico del país y que, como tal, tienen una responsabilidad social. La FCEyN debería contar con recursos suficientes para sostener una política científica propia, y fomentar y promover proyectos en función de su decisión institucional. Estos recursos deberían estar reservados fundamentalmente para abrir nuevas líneas de investigación o apoyar las existentes en función de su impacto social o de las necesidades estratégicas del país, aportando desde la perspectiva de su propia comunidad académica a los problemas y debates que se dan en el marco nacional y latinoamericano.

La FCEyN no puede por sí sola desarrollar proyectos o investigaciones de gran envergadura que vayan cambiar el rumbo de las políticas nacionales de CyT, pero sí puede y le corresponde aportar al desarrollo científico-tecnológico desde su lugar. A la hora de definir esta política, sería importante contemplar las necesidades de un amplio espectro de la sociedad, partiendo de un diálogo más fluido con diversos sectores sociales, productivos y organizaciones de la sociedad civil, y con organizaciones e instituciones estatales en el marco de proyectos de extensión.

Además, la definición de una política institucional respecto de líneas de investigación científica requiere de un análisis exhaustivo de los diversos grupos de investigación funcionando en los departamentos e institutos de la FCEyN. Es necesario romper con la atomización y fomentar el trabajo interdisciplinario dentro de cada departamento y entre ellos, no sólo para potenciar las capacidades actuales de cada uno, sino también para conocer mejor e identificar las potencialidades que tiene la FCEyN en su conjunto para encarar proyectos innovadores que puedan tener impacto social o aportar al desarrollo estratégico del país.

Docencia universitaria y política académica

Desde Punto de Inflexión, nos parece fundamental debatir la docencia universitaria y las políticas académicas, tanto en lo que refiere al plano pedagógico como a la selección y permanencia de los docentes y la implementación de políticas institucionales, para poder aportar a la construcción de una educación masiva, laica, de calidad, popular, comprometida con la sociedad y que fomente el pensamiento crítico, en el marco de una Universidad pública, gratuita, co-gobernada y autónoma. Si bien entendemos que ambos planos son interdependientes, a los fines prácticos hacemos una distinción para poder resaltar algunos aspectos.

El plano político-pedagógico de la actividad docente

En lo que a métodos pedagógicos y formas de llevar a cabo la docencia refiere, distinguimos cuatro tensiones que nos parecen fundamentales para (re)pensar cómo y qué se enseña, aprende y evalúa. Para nosotros el factor determinante es saber qué graduados queremos formar y así tener una guía a la hora de seleccionar a los docentes que puedan llevar a cabo esta tarea.

1. Generación de pensamiento crítico vs. transferencia de conocimiento
   La visión que predomina actualmente del rol docente es la de transferir conocimiento, y el del estudiante, captar ese conocimiento. Resulta, así, mejor estudiante quien mejor puede repetir lo enseñado. Nosotros consideramos que un buen docente es aquel con la capacidad de problematizar los contenidos académicos, pues esto tiende a desarrollar el pensamiento crítico: el verdadero educador incita al estudiante a pensar por sí mismo y de forma colectiva, no se limita a repetir lo que dicen los libros o los papers. Por supuesto, esto requiere de parte del estudiante la asunción de un rol más participativo y activo, con conciencia y capacidad de crítica de lo que quiere aprender y del rol de sus educadores. No hay posibilidad de transformar la realidad en tanto esta no es pensada críticamente y por ello pensamos que esta es una de la cuestiones vitales en la formación de nuestros graduados.
2. Conciencia del rol social vs. individualismo
   Los estudiantes de nuestra Universidad, en general, y de nuestra Facultad en particular, se forman sin mediar pago alguno de su parte; la educación que reciben no es gratuita, implica un esfuerzo enorme por parte de la sociedad que la financia. En este sentido, entendemos que resulta imprescindible fomentar que los estudiantes, como futuros graduados, tengan en cuenta las necesidades de la sociedad que los formó, especialmente las de aquellos en situación más vulnerable, al momento de desarrollar su actividad profesional, esté ésta vinculada a la academia o no. Esto va a contrapelo de concepciones individualistas en el desarrollo de las y los estudiantes, a partir de las cuales se fomenta la conquista del éxito personal a través de la formación universitaria, como pasa más a menudo en el mundo empresarial y las profesiones vinculadas al mismo. Debemos romper con concepciones “competitivas” para poder formar sujetos conscientes y comprometidos con la búsqueda de soluciones a las problemáticas y necesidades de nuestro pueblo.
3. Educación como derecho: acceso y permanencia, gratuidad de la educación superior y financiamiento único estatal
   Para nosotros es un posicionamiento firme que la educación en todos sus niveles es un derecho, por eso consideramos fundamental la implementación de políticas sistemáticas e integrales que garanticen el acceso y permanencia de los estudiantes en la Universidad. Así, es el Estado quien resulta responsable de garantizarla y financiarla en su totalidad pues es el único capaz de democratizar la satisfacción de ese derecho de la misma forma que lo hace con la salud. Ciertamente, las condiciones materiales son necesarias para alcanzar este objetivo pero no resulta condición suficiente. Sólo puede alcanzarse una democratización real del acceso a la educación cuando la lógica propia de la institución y sus prácticas posibilitan el acceso y permanencia en la misma de todos los sectores sociales. Esto no implica que todos tengan que estudiar una carrera universitaria, pero sí que todos tienen el derecho a poder optar por hacerlo.
4. Especificidad vs. integralidad
   Otra tendencia en la educación universitaria actual es la creciente especificidad y desarticulación del contenido académico, que está también vinculado con las necesidades cada vez más específicas del “mercado laboral” y, en nuestro caso en particular, de la labor investigativa. Creemos vital la necesidad de pensar en una educación integral, que lejos de perder de vista los detalles específicos, nos aporte herramientas para enmarcarlos en procesos globales y relacionarlos con otros campos teóricos o de aplicación.

Recuperando algunas experiencias de la FCEyN (históricas y no tanto)

En nuestra Facultad se desarrollan y se han llevado a cabo algunas experiencias que, a nuestro humilde entender, pueden ser un puntapié para pensar en la concreción de algunos de los puntos antes mencionados. Uno de ellos es el formato de los seminarios de ciertas materias, como puede ser IBMyC, en los que se fomenta una dinámica de diálogo con ida y vuelta en la discusión de los ejercicios y problemas. Otro ejemplo es el caso del curso de ingreso que se implementó entre 1964 y 1966. La forma que tendría este curso fue ampliamente discutida en su momento: podía funcionar como filtro, como repaso de temas de la secundaria, o tener un objetivo más amplio y servir realmente como articulación en el paso a la Universidad, opción elegida finalmente. La idea era que el curso fuera, a la vez, formativo y vocacional; mostraba a los estudiantes cómo se hace y estudia ciencia en la Facultad, para que ellos pudieran así decidir qué estudiar. Además, los contenidos se enseñaban evitando el enciclopedismo y fomentando la participación y la crítica de todos los estudiantes.

Para armar un curso con estos objetivos, los organizadores tuvieron que hacer un verdadero trabajo de investigación, y Rolando García, quien en ese momento era el decano de la FCEyN, tomó la iniciativa política para que esto se llevara a cabo, aún cuando para ello tuvo que saltearse formalidades que impedían el dictado del curso. Esta situación contrasta bastante con la actualidad de la FCEyN en la que la gestión, amparándose en tecnicismos, decidió no aprobar una propuesta de curso de postgrado que planteaba la discusión crítica del modelo científico actual. Estamos hablando del caso del curso “Aspectos Sociales e Investigación-Acción en Ciencia y Tecnología: un enfoque transdiciplinario”.

Otra cosa a mencionar en base al ejemplo del curso de ingreso a la FCEyN, es la importancia de la investigación en materia de la enseñanza de las ciencias, área que hoy tiene poco peso en nuestra Facultad, no sólo por la baja proporción de proyectos de investigación en estos temas, sino también por escasa o nula importancia que se le da a la formación pedagógica en los concursos de selección docente.

Los Departamentos y la interdisciplinariedad

Nuestra Facultad tiene una particularidad que la distingue del resto de las facultades de la UBA: la organización de su actividad docente no se da a través de cátedras, las cuales resultan ser muchas veces verdaderos feudos del conocimiento, sino a través de Departamentos Docentes que buscan abarcar grandes áreas del conocimiento. Esta forma de organización nos parece positiva. Sin embargo, no podemos dejar de notar que en muchos de estos departamentos no se cumplen las premisas de rotación de los docentes por las distintas materias, sino que existen profesores que quedan “enquistados” en algunas materias en particular. A su vez, vemos que hace falta una política institucional de articulación y colaboración académica intra e interdepartamental de manera de mejorar el dictado de las distintas materias y la articulación entre contenidos, los cuales muchas veces se repiten innecesariamente o no se trabajan de forma integral, incluyendo las diversas perspectivas detrás de los mismos. Sería interesante recuperar la esencia de este instrumento, de manera tal de mejorar la enseñanza de las ciencias en nuestra Facultad. Esto se podría llevar a cabo, por ejemplo, a través de grupos pedagógicos por área que colaboren en la planificación docente de las distintas materias que pertenecen a dicho área.

Articulación con otros niveles educativos

Entendemos que la Universidad Pública es uno de los espacios en los que se produce conocimiento. En particular, la FCEyN es uno de los centros de investigación más importantes de nuestro país. Dicha producción de conocimiento no sólo debería contemplar las necesidades sociales de nuestro pueblo sino que además debería pensarse como parte del patrimonio social y cultural del mismo. Es en este sentido que consideramos de vital importancia la vinculación de la FCEyN y de la Universidad en su conjunto con otros niveles educativos, en particular la escuela media, no desde el punto de vista de la divulgación científica sino también como sistema integral de diálogo, tanto para enriquecer a los otros niveles con el conocimiento que se produce en la Universidad Pública, como para a su vez orientar la investigación en la enseñanza de las ciencias, por ejemplo, hacia las problemáticas y realidades que atraviesan al sistema educativo en su conjunto en la actualidad. Bajo esta perspectiva, cobran vital importancia los proyectos de investigación que se puedan plantear en el marco del CEFIEC y en vinculación con otros institutos de formación docente.

Criterios para la selección docente: algunas puntas para el debate

Como ya mencionamos anteriormente, nosotros consideramos que los criterios utilizados para la selección docente están íntimamente relacionados con el perfil de graduado al que se apunta como institución.

En cuanto a los docentes en sí mismos, el Estatuto Universitario de la UBA establece una clara diferenciación entre “Profesores” (Docentes titulares, adjuntos y asociados) y los “Docentes Auxiliares” (JTP y los llamados “Ayudantes”). Pero además, por lo general todos estos docentes también tienen otras dedicaciones: en la FCEyN los profesores suelen ser investigadores, mientras que la gran mayoría de los “docentes auxiliares” son estudiantes de grado o posgrado, o trabajan por fuera de la Universidad. Por otro lado, y como ya mencionamos anteriormente, a los docentes no se les exige contar con una formación en temas pedagógicos, se cree que simplemente por tener los conocimientos específicos de un área se tiene la capacidad de “educar”.

Nadie discute que el ingreso a la docencia debe realizarse por concurso público en alguna modalidad y la discusión a este respecto está vinculada sobre qué aspectos deben ser priorizados cuando se evalúa a los aspirantes. Comúnmente se estipula que la evaluación se lleva a cabo por concurso de antecedentes y prueba de oposición.

No tan simple es la discusión acerca de la estabilidad de los trabajadores docentes. En nuestra facultad este tema siempre ha sido afrontado en blancos y negros. Están quienes se posicionan del lado de la implementación de una carrera docente como única posibilidad de garantizar los derechos laborales de los docentes, y quienes defienden que los concursos abiertos y periódicos son una garantía de calidad. Una cosa sí es verdad, cada posicionamiento tienen razón acerca de las falencias del otro. Estamos de acuerdo en que la sustanciación de concursos abiertos y periódicos que no atienden a los derechos laborales de los trabajadores son un mecanismo perverso de incentivar una carrera inhumana entre personas que debieran colaborar en lugar de competir, y también estamos de acuerdo en que la discusión de una carrera docente que garantice calidad no puede ser enunciada sin detallar los mecanismos evaluatorios que permitan retirar de sus cargos a las personas que incumplan con sus obligaciones. La tensión a resolver es la que deviene de los derechos de los trabajadores y sus obligaciones como funcionarios públicos vinculados a la educación.

En nuestra opinión, se vuelve interesante pensar algunas cosas sobre estos dos mecanismos. ¿Qué se valora en estas formas de selección y cómo incide esto en el proceso educativo? ¿Qué tipos de docentes se buscan y por qué? ¿Es necesario optar entre una u otra forma, o se podrían buscar formas intermedias, que además de garantizar la estabilidad laboral, permitan evaluar otros aspectos de la labor docente? Consideramos que la comunidad académica de nuestra Facultad tiene que darse un debate plural y sincero, lejos de dogmatismos y escapando a la lógica binaria de oficialismo vs. oposición donde las argumentaciones, como dijimos antes, resultan más de la identificación de debilidades ajenas que de fortalezas propias, donde las distintas opciones son presentadas como perfectas o desastrosas cuando, en general, distan bastante de ser una cosa o la otra.

Como Punto de Inflexión buscamos aportar ideas a este debate, pero sobre todo, queremos que, sea cual fuera la opción, surja de las necesidades e inquietudes de la comunidad de la FCEyN.

Evaluación y Acreditación Universitaria

Nuestra Facultad se ha dado un proceso masivo de discusión al respecto de la evaluación y acreditación universitaria ante la CoNEAU. Proceso que tuvo su punto más álgido en el 2010, cuando la FCEyN decidió institucionalmente no presentar sus carreras para su acreditación ante la CoNEAU, en tanto no se derogue la actual LES y se sancione una nueva Ley. Este conflicto fue protagonizado en su mayoría por las y los estudiantes, acompañados por docentes e investigadores. La CoNEAU se encarga de evaluar a las instituciones universitarias en general y los planes de estudio de las carreras declaradas de interés público en particular, buscando la estandarización a nivel nacional como instrumento para “equiparar” a las universidades públicas con privadas de menor calidad, pero más adaptadas a los intereses de los organismos financieros internacionales. Es preciso mencionar que la CoNEAU está compuesta por 12 miembros de los cuales sólo 3 son de universidades públicas, 2 responden a universidades privadas (el CRUP y la ANE) y la mayoría automática la tiene el poder político con 7 miembros entre el Congreso y el Ministerio de Educación. Así, la declaración de interés público de una carrera abre las puertas a la intervención en la currícula por parte del gobierno de turno, siendo la CoNEAU quien se encargue de que se cumplan esos criterios, que resultan ser aquellos de interés para los sectores de poder, estableciéndose así como el engranaje clave para el direccionamiento de las políticas universitarias.

No es ningún secreto que, a pesar de todo lo dicho hasta acá, los postgrados de nuestra Facultad están acreditados. Y es que, a partir de 1996, en el marco de la sanción de la LES, los organismos que financian la investigación científica del país incluyeron, por decreto presidencial, el requisito de estudiar un posgrado acreditado para recibir una beca de investigación, que es una de las principales fuentes de trabajo de nuestros graduados. Desde Punto de Inflexión consideramos que nuestros postgrados no deberían estar acreditados. Sin embargo, entendemos que el camino para conseguir esto no es poner en riesgo el trabajo de nuestros graduados, sino dar la pelea por la derogación de la actual LES y la sanción de una nueva Ley. En ese sentido, aún hoy, existen muchos interrogantes por debatir: ¿Es necesaria la evaluación y acreditación? ¿Por qué? En caso que la respuesta sea sí: ¿cómo definir criterios y parámetros de evaluación? ¿quién debería definirlos? ¿de cara a qué intereses? ¿quién debería hacer la evaluación? ¿autoevaluación, evaluación externa, o ambas? ¿cómo se relaciona todo esto con la autonomía universitaria? ¿cuál debería ser la injerencia del gobierno, en caso de existir? Nuestra opinión es que debe impulsarse una política de autoevaluación de la FCEyN bajo los criterios que definamos de conjunto, y no según los criterios de la CoNEAU, que permita modificar los aspectos pasibles de ser mejorados y resaltar aquellos que tienen que mantenerse. La FCEyN como parte de la Universidad Pública debe poder establecer sus objetivos y pautas institucionales de forma autónoma, a través de sus órganos de co-gobierno y en base a debates amplios que busquen incluir a todos los claustros. Como Punto de Inflexión consideramos que las y los graduados tenemos que participar de estas discusiones y tomar posicionamientos claros que nos permitan avanzar en la transformación de nuestra educación universitaria. Es por esto que, mientras fuimos estudiantes, impulsamos la organización del Congreso por una Nueva LES en la FCEyN en mayo de 2012, cuyo propósito fue debatir los pilares de la educación superior pública para generar consensos en torno a cuál debe ser el contenido de una nueva LES.

Algunos puntos a tener en cuenta para una Nueva LES

Aunque entendemos que este debate no debe ser saldado al interior de una agrupación, sí consideramos necesario explicitar nuestra opinión con respecto a algunos puntos mínimos que dicha Ley debería contemplar:

La educación es un derecho y no un servicio. Por esto debe ser, en todos sus niveles, laica, gratuita, autónoma, pública y co-gobernada.

La función de la Educación Superior es la formación humana, científica, social y profesional del pueblo, por tanto debe cultivar el pensamiento crítico, autónomo y emancipador.

El financiamiento de la Universidad Pública es responsabilidad única e indelegable del Estado. Esto debe reflejarse en un presupuesto acorde para el desarrollo de todas las actividades de docencia, investigación y extensión. Es responsabilidad del Estado sostener la gratuidad de la educación de grado y posgrado, así como la creación de políticas que breguen por la permanencia (becas, materiales de estudio, comedores, incentivos, y otros). Es función del Estado garantizar salarios dignos a todos los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo.

Cualquier tipo de evaluación académica o institucional debe contemplar las siguientes condiciones: La definición de criterios de evaluación que respeten la autonomía universitaria. Su ejecución debe ser realizada en forma independiente del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y de cualquier entidad privada. La participación de los estudiantes, docentes, graduados y otros actores sociales debe estar garantizada.

¿Qué es la extensión universitaria?

La extensión universitaria fue planteada como uno de los ejes principales de la universidad pública durante la Reforma de 1918, junto con la docencia y la investigación. La motivación original era encontrar vínculos para que la universidad se relacione y aporte a la sociedad donde está inmersa y donde su labor se desarrolla. Con el tiempo, su significado original fue tergiversado y hoy a menudo se hace referencia a ella solamente como prácticas de divulgación o aportes de la institución a la cultura general. Entendiendo la extensión en su significado más general, esta abarca tanto las experiencias culturales como los aportes técnicos-científicos, los servicios a terceros a partir del conocimiento experto, la transferencia tecnológica y las experiencias de corte netamente social que se encaran desde la FCEyN. Todas estas prácticas están atravesadas por una política que debe ser definida desde la Facultad y que establece los términos en que se relaciona con la sociedad. Esto que puede parecer evidente es de primordial importancia, porque la definición de esas políticas pueden dar resultados tan disímiles e incompatibles como pensar la extensión desde el mercado (vendiendo por ejemplo cursos cortos a los ciudadanos y servicios a empresas) o desde las necesidades sociales de la población, habiendo cientos de variantes que mezclan estas prácticas y visiones. La comunidad académica debe definir qué tipo de extensión quiere realizar y cómo hacerlo, y desde Punto de Inflexión estaremos aportando para que estas prácticas se orienten en función de las necesidades del pueblo y del país.

Extensión en la FCEN

La FCEyN tiene varias actividades de extensión, coordinadas en su mayoría desde la SEGB (Secretaría de Extensión, Graduados y Bienestar). Se destaca en comparación con otras casas de estudio en cantidad de propuestas, pero carece de una política institucional clara al respecto, lo que impone limitaciones considerables a las prácticas de extensión.

La SEGB está a cargo de la agrupación de graduados Sumatoria, que ha defendido reiteradas veces, por mail y en el Consejo Directivo, que la forma más plural de asignar los recursos para proyectos de extensión es el concurso público, implementado a través de “Exactas con la Sociedad”. Este discurso permite eludir responsabilidades políticas sobre proyectos puntuales, que tienen un apoyo institucional descomprometido, e invisibiliza, en cierto modo, que sí hay proyectos de extensión con completo apoyo institucional que no están supeditados a concursos y que definen la política de extensión de la FCEN.

Proyectos de extensión individuales

La mayoría de los proyectos actuales desarrollados en el marco de la SEGB consisten en ideas de particulares entusiastas de quienes depende casi enteramente el proyecto, y que consiguen apoyo institucional a través de Exactas con la Sociedad.

Emprendimientos como En La Tecla (alfabetización informática para adolescentes de la Villa 31 y José León Suarez) o el Taller de Aguas (análisis de calidad de agua de arroyos y de consumo en zonas carenciadas) recibieron varias veces financiamiento por parte de la Facultad pero no son parte de un proyecto institucional y muchas veces ni siquiera cuentan con un espacio físico en el cual desarrollar sus actividades. En estos y en muchos otros casos, la continuidad está sujeta a la disponibilidad y el trabajo intensivo de quienes idearon la propuesta, por lo cual, de no contar con el tiempo y recursos necesarios pueden dejar de existir. Otro ejemplo concreto es el proyecto de capacitación para docentes de escuela media para el uso de las netbooks Conectar Igualdad en la enseñanza de matemática y física desarrollado por el DF. Proyectos como ese merecen ser cursos permanentes, pero es necesario que la FCEyN decida tomarlos como política institucional y le destine los recursos adecuados.

Es necesario que sigan existiendo oportunidades abiertas para desarrollar emprendimientos particulares, pero esto no escinde a la gestión de la responsabilidad de definir una política de extensión. Además de reparticiones periódicas de dinero para proyectos puntuales, hay que seleccionar aquellos proyectos cuyo aporte o impacto social sean de interés particular para la FCEyN y para la sociedad, y brindarles el apoyo institucional adecuado que garantice su continuidad más allá de los esfuerzos individuales.

La política institucional de extensión: divulgación e INCUBACEN

Más allá de lo discursivo, existen políticas de extensión institucionalizadas en la FCEyN que no dependen de concursos esporádicos para su continuidad y financiamiento. Uno de los más importantes es la política constante de divulgación científica, que cumple el doble rol de aportar a la cultura general de la sociedad y atraer la atención de estudiantes secundarios potencialmente futuros ingresantes de la FCEyN. Las Semanas de la Ciencia, la presencia en Tecnópolis, la feria del libro y otros eventos son ejemplos de estas actividades, que deben continuarse y profundizarse. Hay que lograr proyectar estas políticas más allá de la esfera de influencia actual, que incluye fundamentalmente a las escuelas privadas.

Otro de los emprendimientos de extensión con completo apoyo institucional es el programa INCUBACEN para la incubación de empresas privadas en el marco de la universidad pública, que ya mencionamos en el apartado sobre investigación y política en CyT. Este programa vincula la investigación y los desarrollos realizados en el marco de la FCEyN con capitales privados dispuestos a invertir, introduciendo la lógica mercantil dentro de la política de extensión y transferencia tecnológica, en línea con la política del gobierno nacional desarrollada desde el MinCyT. Como ya dijimos, está todavía pendiente un debate profundo sobre cómo debe aportar la FCEyN al desarrollo del sistema productivo. Por lo pronto, nos interesa remarcar que programas como este ponen de manifiesto la política de extensión actual, cuyos ejes son la divulgación y la vinculación con el mercado.

Pensando la extensión a futuro

La universidad asistencialista

La concepción actual de la extensión suele estar asociada a una visión divulgativa y asistencial. Es una práctica desvinculada de la docencia y la investigación cotidianas y cuyo aporte e impacto social consisten en llevar a la población cierto conocimiento experto que la universidad alberga y produce, ya sea como aporte cultural o como desarrollo técnico-productivo. Esto implica una concentración del saber, de la producción del mismo, y por lo tanto, el sostenimiento y la reproducción de lugares de poder que hacen de las universidades instituciones separadas de los sectores populares y de sus necesidades.

En los últimos años se empezaron a desarrollar debates dentro de la Universidad y en algunos movimientos sociales con vinculación universitaria sobre cómo se deberían modificar las prácticas de extensión para lograr una comunicación bidireccional con los sectores populares, donde la Universidad además de aportar conocimientos a las problemáticas y necesidades vigentes, aprenda y se nutra de los conocimientos de los pueblos que no revisten del título de “conocimiento experto”. Algunos de los proyectos particulares existentes, entre ellos el Taller de Aguas, ya se han planteado este desafío y, aunque ningún grupo lo tenga resuelto, es importante darles apoyo desde la institución como apuesta al desarrollo de una nueva forma de hacer extensión. Entendemos que es importante profundizar este debate para dar lugar a proyectos innovadores que nos permitan romper con esta lógica vigente.

La extensión como práctica transversal

La extensión es concebida como una actividad individual, que requiere de un conocimiento experto específico y diferenciado de la investigación y la docencia. Si bien es necesario formarse para atender a la especificidad de las tareas de extensión, entendemos que no debe constituir un compartimento más de la segmentación en áreas de alta especificidad que el mercado le impone a la división del trabajo en la sociedad. Desde Punto de Inflexión queremos promover la extensión como una práctica transversal que atraviese las prácticas cotidianas de la FCEN, como ocurre con la investigación y la docencia.

Existen algunos proyectos actuales que aportan en ese sentido. La FCEN participa desde 1991 del Programa UBA XXII de educación en contextos de encierro, a través de una serie de talleres de computación para personas privadas de su libertad ambulatoria, independientemente del grado de estudios alcanzado. Este es un excelente ejemplo de un trabajo conjunto de extensión y docencia. También se desarrollan en el marco del Programa de Historia de la FCEyN tareas de investigación histórica, cursos de formación dentro de la Universidad y constantes tareas de difusión para la universidad y la sociedad.

Tomar a la extensión como un eje de la universidad en pie de igualdad con la docencia e investigación requiere repensar estas prácticas y desarrollar nuevas formas de articulación entre estos ejes.

Qué extensión queremos

Para nosotros, sería importante asumir el rol de la extensión como uno de los ejes articuladores entre los proyectos que se desarrollan en la Facultad, sean éstos de índole educativa o de investigación, y la realidad en la que ésta está inmersa, con un direccionamiento claro. Así, la Facultad podría desarrollar proyectos de extensión propios y con impacto social que conlleven la coordinación con los diversos grupos de investigación y los docentes que en ella existen. También debería poder ofrecer una opinión experta sobre las problemáticas que afectan a nuestra sociedad, no sólo cuando el Estado lo solicita. Un ejemplo de esto sería llevar a cabo un estudio científico y serio de los impactos de la minería a cielo abierto, trabajando junto con las comunidades afectadas.

Llevar la práctica de la extensión a estos nuevos horizontes requiere de una iniciativa política que tome institucionalmente el problema y destine los recursos adecuados a tal fin. Se debe romper con la lógica de financiar únicamente a través de concursos públicos e implementar proyectos que, con el aval de la institución y la comunidad académica, puedan superar los límites de los proyectos de individuos. Proyectos encarados de este modo tendrán una propuesta política definida desde la institución y con recursos que le permitirán sobrevivir a los vaivenes circunstanciales de los individuos que la lleven adelante. De esta forma se podrán llevar adelante proyectos de mayor envergadura y que atraviesen horizontalmente las diversas prácticas de la facultad en docencia e investigación.

Encontrar proyectos de estas características y el apoyo y motivación necesarios desde la comunidad académica no es tarea fácil. Nuestra propuesta es empezar por crear un cuerpo técnico de estudio de articulación y análisis de factibilidad de proyectos interdisciplinarios y de extensión que tenga presente todo lo que se lleva a cabo en la Facultad. Este equipo puede servir de base para establecer vasos comunicantes entre grupos de investigación de diferentes departamentos y recabará información para tener un estado de situación más preciso sobre qué cosas se podrían y se quieren desarrollar desde exactas como proyectos de extensión. Socializando esta información y sometiéndola al debate público correspondiente se pondrán en evidencia las potencialidades de la Facultad tanto para realizar grandes proyectos de extensión como para dinamizar la investigación interdisciplinaria. Esta propuesta excede las prácticas de extensión y puede aportar a romper con el relativo aislamiento en el que se desarrollan los grupos de investigación en la Facultad.

La extensión es un tema complejo y a menudo desestimado en el debate preelectoral, que orbita alrededor de problemas gremiales y políticas de concursos. Valorizarlo y tratarlo con seriedad no es fácil. La propuesta es ambiciosa, pero es necesario empezar ahora, desde pequeñas propuesta concretas, para poder superar el debate de lo coyuntural y apostar a que la Universidad renueve su forma de relacionarse con la sociedad, poniendo el acento en las necesidades del pueblo.