DEROGACIÓN DEL DECRETO DE AJUSTE 896/01

  La batería de políticas económicas que desde el 24 de marzo de 1976 hasta el gobierno de De la Rúa se han impuesto y se imponen sobre el pueblo, no son otra cosa que la extensión del genocidio en su significación corriente con su correlato como lo fue la desaparición física de personas-, a lo que hoy es el mayor genocidio económico -con la forzada desaparición social de personas- en la historia de nuestro país.

  Esta situación, en los últimos años agudizada por la frecuencia con la que los sucesivos gobiernos han apelado al ajuste como único remedio para superar la crisis del modelo neoliberal, es la que, una vez más nos convoca al rectorado y los gremios de la UNC a pensar y unificar acciones que, de conjunto, nos conduzcan a resistir activamente la aplicación del decreto de ajuste 896/01.

  Quienes criticamos el denominado "pensamiento único", sabemos que estos sucesivos ajustes no se imponen por ser inevitables en la coyuntura, sino por la insaciabilidad de los "mercados", que a través de funcionarios políticos que dicen representar los intereses del pueblo, se han transformado en auténticos administradores de los intereses de la banca internacional y de las empresas transnacionales.

  El nuevo ajuste impulsado por el gobierno de De la Rúa y su ministro Cavallo, es otro desesperado intento de la derecha política de nuestro país y de los sectores concentrados de la economía y las finanzas por disimular el rotundo fracaso de las políticas neoliberales en la Argentina. Invocando deberes patrióticos, se pretende que el pueblo asuma con su esfuerzo este nuevo sacrificio. Con tal hipocresía y cinismo lo hacen, que el presidente lo considera un "ahorro" destinado a "honrar nuestros compromisos con el pago de la deuda externa". Deuda que, como sabemos, es ilegítima y fraudulenta, motivos suficientes para plantear el no pago.

  No vamos a permitir, como quisiera Cavallo y el resto del gobierno nacional, que se imponga este nuevo ajuste como único camino para salir de la crisis, no sólo por respeto a quienes más afectados estén por las medidas que se pretenden imponer, sino sobre todo, porque las políticas que se concretan a través de ellas han desembocado en una grave crisis institucional que vació el funcionamiento de las instituciones democráticas. Entonces, será en defensa de un sistema auténticamente democrático que no se agote en la emisión del sufragio que tengamos que luchar; en particular, a favor de dos de sus principios rectores e innegociables: la libertad y no precisamente la del mercado- y la justicia social. Si este fuera el caso, el esfuerzo valdría la pena, aún por insoportable que resulte comprometernos con un nuevo sacrificio.

  La dimensión de este nuevo ajuste implica para la Universidad Nacional del Comahue:

• Una quita salarial a su personal docente y no docente por montos indeterminados. Se estima que dejarán de circular por la región más de 4 millones de pesos, producto de ese recorte.

• Una reducción, también indeterminada, de la partidas destinadas a gastos de funcionamiento.

• Una consolidación de la deuda que mantiene el Estado Nacional, desde 1998 hasta la fecha, que sumada a la subejecución prespuestaria del presente año, supera los 4,5 millones de pesos.

• Una afectación directa de todas las actividades académicas, de investigación, de extensión y culturales que desarrolla la Universidad. Es prácticamente imposible cuantificar en dinero la pérdida que èsto significa para la región y el país.

  En esta situación, los sectores convocados estiman que la Universidad del Comahue deberá cerrar sus puertas a más tardar en octubre de este año.

  Por ello, el Rectorado, ADUNC, APUNC y la FUC, consideran necesario:

1. Repudiar el ajuste sobre los ingresos de jubilados y estatales en general, y ratificar nuestra convicción de la necesidad de planificar y articular con el resto de las organizaciones sociales las acciones a seguir para hacer retroceder estas medidas.
2. Convocar a toda la comunidad universitaria a movilizarse hasta la derogación definitiva del decreto de necesidad y urgencia 896/01.
3. Repudiar a los legisladores nacionales que convalidaron con su voto o con su ausencia el ajuste y exigir a quienes no lo hicieron, en tanto representantes del pueblo, que promuevan la inmediata derogación del decreto de ajuste.
4. Promover acciones de amparo para que docentes y no docentes de la UNC hagan sus presentaciones individuales ante la justicia laboral pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 896/01, promoviendo, incluso, nuevas acciones de amparo si se produjeran modificaciones en los recortes.
5. Repudiar, como en esta instancia realizan numerosas organizaciones en Génova durante la nueva reunión del G8, los devastadores efectos a escala mundial de un modelo económico que pretende imponerse a través del autoritarismo, la creciente concentración de la riqueza, la privatización de los servicios públicos, la liberalización indiscriminada del mercado de capitales y el tránsito indiscriminado de mercancías, y la invisibilización por medio de la exclusión social- de millones de personas en el mundo entero, particularmente en los países subdesarrollados.

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