| Por Javier Lorca
(Página 12, 12 de julio de 2001) Plantados
con la guardia bien arriba, rectores, docentes y estudiantes universitarios temen que los
ajustes anunciados ayer por el Ministerio de Economía impliquen un recorte del
presupuesto educativo. Además, el retraso en la ejecución real de las partidas ya
desató el rumor de que el año se cerrará con una nueva deuda del Estado para con el
sector y que las 37 universidades nacionales no recibirán los 1800 millones de pesos
presupuestados.
En conjunto, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestaron su
“preocupación frente a la posibilidad de que nuevamente se afecte a un área
estratégica para el desarrollo del país, donde la inversión estatal, lejos de
descender, debería ser aumentada... La educación y la generación de conocimientos deben
estar como nunca en el centro de atención de los gobernantes, y no ser la variable del
ajuste”. Hoy, los rectores irán al Congreso para intentar que los diputados no
reduzcan el presupuesto.
Pese a que no se anunció oficialmente y a que el Ministerio de Educación lo desmintió,
ayer circulaban rumores acerca de un virtual ajuste sobre las partidas universitarias.
“Algunos están hablando de un recorte del 10 por ciento, serían unos 180
millones”, comentó un operador político de una de la grandes universidades del
país. “Pero el problema no es sólo eso. También están las deudas acumuladas de
los últimos años –siguió–. Y no podemos más. Apenas estamos pagando sueldos.
Si recortan algo, vamos a un paro encabezado por los rectores. Ya empezamos a prepararlo,
por si acaso.”
También los docentes salieron a plantar sus advertencias. “Si se toca a los fondos
del Ministerio de Educación, automáticamente se convocará a un paro general de todas
las universidades”, avisó Anahí Fernández, titular de la Conadu, que ya se
encuentra estado de alerta y movilización. El otro sindicato docente, la Conadu
“Histórica”, anunció que se reunirá mañana para “impedir que el nuevo
ajuste nacional afecte al presupuesto universitario”, según dijo el secretario
general del gremio, José Luis Molina. “Queremos poner en claro que la situación
económica y financiera del sistema universitario se encuentra en gravísimo estado”,
agregó.
La Federación Universitaria Argentina (FUA) marcó “un rechazo general a la lógica
del ajuste permanente como única salida a la crisis”. “Está claro que en el
Gobierno hay un debate sobre si se ajusta o no a la universidad. Y parece que esto sólo
depende de cuánto aprieten los mercados”, señaló Manuel Terrádez, presidente de
la FUA.
Desde el Ministerio de Educación, se buscó transmitir tranquilidad a los universitarios
y frenar la embestida de rumores. “El recorte que vamos a hacer es netamente
burocrático y administrativo. Ni el presupuesto universitario, ni el Fondo de Incentivo
Docente se van tocar”, aseguró un vocero de la cartera.
Además del temido recorte, a los universitarios también los acecha lo que ocurrió al
final de los dos últimos años, cuando no se ejecutaron todas las partidas previstas y
hubo, de facto, recortes. “Al 30 de junio, el Ministerio de Educación asignó a las
universidades el 49,32 por ciento del presupuesto, unos 847 millones. Pero hay que tener
en cuenta que de acuerdo con su planificación financiera, según sus necesidades, las
universidades habían solicitado para esa fecha el 51 por ciento del presupuesto”,
explicó el rector de la Universidad Nacional de Villa María, contador Carlos Domínguez.
“A la fecha, la de las universidades es una de las ejecuciones más altas que tiene
la nación”, se aclaró desde Educación. No obstante, el rector Domínguez alertó:
“Otra cuestión es cuánto ha sido pagado efectivamente por la Tesorería General a
las universidades, que está en el orden del 95,67 por ciento de lo asignado, es decir,
unos 811 millones”. El atraso real sería, entonces, de unos 36 millones.
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