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Universitarios recelosos y con poca
fe en el nuevo ministerio Franja Morada está a la expectativa de lo que hará Educación. El Frepaso desconfía. Y la oposición vaticina un avance privatizador. Javier Lorca y Cecilia Sosa Desconfiada y a la expectativa. Así está la
versión universitaria de la Alianza frente a la nueva conducción del Ministerio de
Educación, después de romper con el Gobierno tras los planes del efímero ministro
Ricardo López Murphy. Las dudas existen entre los militantes de Franja Morada y, todavía
más, entre los del Frepaso. Aun cuando desde ambos sectores se reivindica que el nuevo
ministro, Andrés Delich, dado su paso por la dirigencia universitaria, es garantía de
que ciertos temas no serán puestos en cuestión (la gratuidad y el presupuesto, entre
otros). Mientras, desde la oposición se asegura que el flamante ministro ya dio
suficientes indicios para temer planes de privatización para la educación pública. OPINION Ofensiva contra la democracia Asistimos hoy a una ofensiva sistemática tendiente a debilitar la democracia, el Estado de derecho, las instituciones de la república, los partidos políticos y los pilares de la sociedad civil. La escuela pública y las universidades del Estado son objetivos a los que se quiere eliminar como elementos centrales de integración ciudadana y de igualación de oportunidades, como ámbitos plurales del saber científico y el pensamiento crítico opuestos al pensamiento único del neoliberalismo y como imaginarios simbólicos de movilidad social. Se busca impedir que se profundicen alternativas al modelo hegemónico. El intento de destruir la educación pública, por vía de la disminución de sus recursos y/o el arancelamiento, excede toda consideración económica y sería ingenuo aceptar el debate en torno a criterios fiscalistas que encubren otros propósitos. Es bueno recordar, en un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976, que la educación y la cultura fueron señaladas como enemigos a destruir en nombre de la civilización "occidental y cristiana". 25 años después, nuevamente se busca disciplinar a la sociedad debilitando las instituciones republicanas. Estamos pasando aceleradamente de un Estado social a un Estado penal. Se exigió extorsivamente que el Poder Legislativo delegara sus funciones en un Ejecutivo donde emerge como figura peligrosísima un "superministro" con poderes especiales, que se presenta como el "salvador de la Patria". ¿Podemos olvidar que se trata de un conspicuo representante del establishment, ex funcionario de la dictadura militar y del menemismo, responsable del estado de decadencia social, ética y económica que soporta el país? Asistimos al triste espectáculo de un Estado debilitado día a día, con partidos sin voluntad de representar a los ciudadanos y sometidos al arbitrio "del mercado" (eufemismo con que se encubre al capital concentrado). Los grandes intereses económicos, en el despliegue de sus planes estratégicos de lucros y ajustes sin fin, ponen en crisis al sistema democrático. Se apunta al corazón del Estado de derecho: el funcionamiento de las instituciones, la división y equilibrio de los tres poderes del Estado, el ejercicio de la soberanía popular a través de sus representantes, el control de los actos de gobierno y la garantía de los derechos individuales y sociales. Se extorsiona a la Nación con un pseudo baremo llamado "riesgo país", suerte de sensación térmica del estado de ánimo de los principales gurúes y administradores de los bonos públicos asentados en Wall Street. Por el contrario, el riesgo país real es el del sufrimiento mayoritario de los ciudadanos que acarrean las políticas en ejecución: mayor exclusión social, aumento de la pobreza, crecimiento de la desocupación, deterioro del salario y las jubilaciones, empobrecimiento de las provincias, reducción del Estado en las áreas esenciales de salud y educación, el consiguiente crecimiento de los índices delictivos y la enajenación de la capacidad nacional de decisión en manos de minorías hegemónicas representadas por empresas privatizadas y grandes bancos. La comunidad universitaria no puede permanecer impasible y creer que con la renuncia de un ministro de Economía los problemas fueron superados. Debe, más que nunca, defender la educación pública y gratuita de calidad, reforzar sus lazos con el conjunto de la sociedad en la articulación de la resistencia a estos proyectos, denunciando y proponiendo alternativas y, sobre todo, buscando nuevos caminos para profundizar la democracia. * Decano de Ciencias Sociales (UBA). Página 12 29/3/01 La Nación solamente envía los sueldos Por Eugenia Sueldo, de la Redacción de El Tribuno
El Tribuno 29/3/01 Según un dictamen que aprobaría Rafael Bielsam para la Sigen, la auditoría de la UBA ocultó información El ente de control de la Universidad habría
omitido señalar irregularidades. La Sindicatura General afirma que hubo denuncias de un
ex auditor que no fueron consideradas Dice que sería necesario verificar los fondos
propios que genera cada facultad La Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (UBA) "omitió, alteró y hasta lavó" -en un informe- denuncias de graves irregularidades que un ex auditor legal interno había señalado en tres dependencias de la Universidad. Así lo afirmó a La Nación una alta fuente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), cuyo titular, Rafael Bielsa, está a punto de firmar un dictamen que critica al organismo de control de la universidad que conduce el rector Oscar Shuberoff. Este dictamen se suma a una serie de cuestionamientos que complican Shuberoff, rector de la UBA desde 1986. Y pasará a engrosar una investigación que lleva adelante el equipo del fiscal federal Carlos Stornelli, que intenta determinar si Shuberoff sería o habría sido dueño de varios inmuebles en los Estados Unidos, además de poseedor de tarjetas de crédito y cuentas bancarias en el exterior que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA). El expediente de la Sigen comenzó con la denuncia de un ex auditor legal de la UBA, Gustavo Munguía, quien señaló irregularidades en tres dependencias de la Universidad, como el uso indebido de autos oficiales, asientos contables mal hechos, compras sin licitación previa y errores administrativos. Entre las irregularidades que la Sigen consideró llamativas figura que la contadora Claudia Nogales ocuparía dos cargos en la UBA que serían "incompatibles": auditora adjunta y coordinadora de un programa de pasantías en la Facultad de Ciencias Económicas. El informe dice que "en el supuesto que el auditor general hubiera estado al tanto de la situación (...) él mismo habría incurrido en incumplimiento a las normas regulatorias del desempeño de la función pública". Una fuente cercana a Bielsa confió a La Nación que la documentación analizada reveló que "hubo una clara manipulación" de la información que aportó Munguía y sugirió que "hubo una interferencia sobre el control, típico de aquel a quien le molesta el control". "Esto es lo peor que se le puede hacer a un auditor porque, cuando ve que sus informes no pueden cambiar la realidad, es una forma de bajarle los brazos", dijo a La Nación. Y agregó: "Es un hecho que las auditorías han sido, en muchos casos, meros pasos formales". Versiones cruzadas El ex auditor denunció que el auditor general de la UBA, Hugo Ernesto Bottino, "eliminó, alteró y/o modificó diversas observaciones, disminuyó su relevancia y eliminó pedidos de investigaciones administrativas". Y multiplicó esa denuncia en documentos que envió al rector Shuberoff, a la Sigen, a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción. Al ser consultados por La Nación, Bottino y su colaboradora directa, Nogales, negaron rotundamente las acusaciones y sugirieron que Munguía comenzó con las denuncias cuando se le negó un aumento de categoría que había pedido. En su defensa, Bottino consideró que podía no coincidir con los informes de los miembros de su equipo -en este caso, las irregularidades señaladas por Munguía- y Nogales, que sus cargos en la UBA no son incompatibles. Munguía, en cambio, afirmó en las denuncias que fue echado por la UBA -tras desempeñarse allí durante siete años- cuando comenzó a quejarse formalmente de que su superior alteraba los informes. Ayer, en la UBA, todos intentaban alejarse lo más posible de la controversia. Bottino dijo que fue Shuberoff el que no renovó el contrato de Munguía cuando éste comenzó con las denuncias. Y los colaboradores directos de Shuberoff, que está de viaje en España (ver nota aparte), se preocuparon por desvincular de cualquier responsabilidad al rector sobre el funcionamiento de la Auditoría General de la UBA. Dijeron que se abrió un sumario y que se elevó toda la información a la Sigen. Amalia Eizayaga La Nación 30/3/01 Shuberoff se defenderá en la Justicia Sus abogados presentarán hoy un informe sobre la evolución de su patrimonio El rector de la UBA, Oscar Shuberoff, decidió responder a las acusaciones sobre mal manejo de fondos y enriquecimiento ilícito: sus abogados presentarán hoy ante la Justicia un detallado informe de la evolución patrimonial del rector, que, según pudo saber La Nación, "buscará demostrar en forma contundente que su patrimonio no sólo no aumentó, sino que disminuyó durante su gestión". Con este contraataque, Shuberoff quiere dar respuestas, además, a las insistentes versiones sobre su renuncia, que se multiplicaron en los últimos días y que en su entorno desmintieron categóricamente. El rector, que dirige la UBA desde hace 15 años, termina su actual y cuarto mandato en marzo de 2002. En el Rectorado de la UBA las actividades continúan con normalidad, pero en los pasillos y las oficinas los empleados no dejan de intercambiar versiones sobre el futuro de Shuberoff, y algunos empiezan a molestarse. "Ensuciar a la cabeza de la UBA es ensuciar la institución, y eso nos afecta a todos", dijo un funcionario de la Universidad. El rector se encuentra en Salamanca, en un seminario de la Conferencia de Rectores Europeos, y volverá al país el fin de semana. Sin sobresaltos El escenario de esa contienda se trasladará a los decanos de las trece facultades de la UBA, entre quienes se cuenta la mayoría de los candidatos a suceder a Shuberoff. Como dijo un miembro del Consejo Superior, que reúne además a representantes de los estudiantes y graduados, los decanos se debaten en "un delicado equilibrio". "Por un lado, quieren separarse de Shuberoff para no aparecer pegados en las acusaciones y para responder a sus propias facultades, que les exigen una respuesta enérgica. Al mismo tiempo, no quieren que el rector se vaya antes de tiempo", dijo. Si Shuberoff renunciara, debería convocarse a una asamblea que designaría a uno de los decanos para completar el período, una posición que ninguno de ellos querría ocupar en estas condiciones. Hasta ahora, se perfilan para disputarse el rectorado el decano de Arquitectura, Berardo Dujovne; el de Derecho, Andrés D’Alessio; la vicerrectora, Susana Mirande, y el ex vicerrector Alberto Boveris. De acuerdo con varias fuentes consultadas, la suerte de Shuberoff empezó a cambiar en diciembre último, cuando un grupo de ex dirigentes de Franja Morada con cargos en el Gobierno decidió quitarle su apoyo con el objetivo de provocar su renuncia o dejarlo tan debilitado que no pudiera designar a su sucesor. Entre ellos se menciona a Lautaro García Batallán, flamante viceministro del Interior, que negó esa versión. "Sería una traición", dijo a La Nación, pero afirmó que la semana próxima se reunirá con el rector, "porque creo que hay que asegurar una salida equilibrada del cargo". El contexto político actual favorece esta estrategia. El ministro de Educación, Andrés Delich, también ex dirigente estudiantil, ya tuvo su primer enfrentamiento público con Shuberoff, cuando dijo que el rector "ya debería haberse ido". Los actuales dirigentes de Franja Morada quieren diferenciarse: "Estamos muy lejos de quienes promueven esta campaña. No es que defendamos a Shuberoff, sino que creemos que quieren debilitar al rector para imponer así otro modelo de universidad", dijo un dirigente estudiantil. El modelo incluiría elementos resistidos en la comunidad universitaria, como alternativas de financiamiento con nuevos impuestos y hasta la posibilidad de un arancel. Raquel San Martín |
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