Microsemanario
Año 11 número 465
Sábado 10 de noviembre de 2001
== M I C R O S E M A N A R I O ======================================
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== Publicación electrónica, semanal y gratuita ==
== con noticias nacionales especialmente ==
== preparada para los argentinos residentes en el extranjero. ==
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== La colección completa puede consultarse en: ==
== http://www.fcen.uba.ar/prensa ==
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########################### INDICE ##################################
EL PRESIDENTE EN LOS EE.UU.
MAS CERCA DE UN ACUERDO CON LOS GOBERNADORES
TRAS LAS DUDAS CONFIRMAN EL CENSO NACIONAL
LA POBREZA EN LA ARGENTINA
CONFIRMAN INVALIDEZ DE PUNTO FINAL Y OBEDIENCIA DEBIDA
BREVISIMAS
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>> EL PRESIDENTE EN LOS EE.UU.
Desde el viernes 9 el presidente Fernando de la Rúa se encuentra en
los Estados Unidos para participar en la Asamblea de Naciones
Unidas, reunirse con su secretario general Kofi Annan, y
encontrarse con el presidente George Bush. En su primer día en
Nueva York, el primer mandatario expresó que “la Argentina rechaza
la devaluación y mantiene la convertibilidad y rechaza el default”,
sostuvo en un encuentro con economistas. Explicó que “una
devaluación sería devastadora para nuestra economía. La rechazamos
como receta”, y agregó que pese a los problemas para pagar los
intereses de la deuda externa de 130.000 millones de dólares, la
Argentina “honrará siempre sus obligaciones”. Garantizó además que
el canje de la deuda, anunciado el pasado jueves 1, “no va contra
nadie ni contra el derecho de la propiedad”. Y concluyó que “no
venimos a pedir asignaciones complementarias de fondos sino a
explicar el programa. La Argentina tiene respuestas ante esta
crisis". Sin embargo, el gobierno gestiona un adelanto de 1.200
millones de dólares que el FMI iba a girar en diciembre.
Pero el principal objetivo del presidente de la Rúa es obtener el
respaldo del gobierno estadounidense para concretar el canje de deuda,
mecanismo que ha sido interpretado como una declaración de default
(cesación de pagos) por las calificadoras de riesgo y los principales
analistas de bancos internacionales. El gobierno argentino realiza estas
gestiones sin contar con la “casa en orden”, ya que al momento de la
partida de de la Rúa a los EE.UU., no se había llegado a un acuerdo con los
mandatarios justicialistas (ver nota aparte), ni tampoco con los bancos y
Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) -quienes poseen
casi la mitad de los títulos de la deuda externa-, para la aplicación de
las últimas medidas. La reunión con el presidente Bush está prevista para
el domingo 11.
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>> MAS CERCA DE UN ACUERDO CON LOS GOBERNADORES
Se cree que la próxima semana el gobierno nacional podría llegar a
un acuerdo con los mandatarios provinciales por el conflictivo tema
de la coparticipación federal de impuestos y la refinanciación de
sus deudas. El tema se debate agriamente desde hace casi tres
semanas, y en varias ocasiones se estuvo a punto de llegar a un
acuerdo. El primer paso hacia la solución al entredicho se obtuvo
el miércoles 7, cuando los cinco gobernadores radicales aceptaron
la propuesta del gobierno nacional. Los gobernadores Roberto
Iglesias (Mendoza), Sergio Montiel (Entre Ríos), Pablo Verani (Río
Negro), José Lizurume (Chubut) y hasta Angel Rozas (Chaco)
aceptaron las propuestas del Ejecutivo.
Pesó en su decisión la necesidad del presidente Fernando de la Rúa
de tener resuelto el conflicto antes de su viaje a los Estados Unidos,
objetivo finalmente no cumplido. También se sumó a acuerdo el gobernador
de Neuquén Jorge Sobisch, integrante del Movimiento Popular Neuquino. El
principio de acuerdo está en que los gobernadores aceptarían el pago de
coparticipación de impuestos del 2002, el 40% en bonos y el 60% en efectivo
además de una reducción del 13% en el piso coparticipable. La Nación se
sumaría a la mesa de renegociaciones con la Banca privada para lograr una
tasa de sus deudas al 7%.
Entretanto, parece haberse roto la postura común de los
gobernadores justicialistas. En las últimas horas el gobierno habría
convencido a cuatro gobernadores para firmar el acuerdo. Estos son Eduardo
Fellner (Jujuy), Julio Miranda (Tucumán), Gildo Insfran (Formosa) y Carlos
Rovira (Misiones). Son los casos de cuatro distritos urgidos por las
deudas y que necesitan urgentemente el auxilio de la refinanciación a cargo
del gobierno central.
Se supone que en los días venideros los demás gobernadores
justicialistas también lleguen a un acuerdo con el Ejecutivo nacional. En
cambio, es más dura la posición de los gobernadores de Buenos Aires, Carlos
Ruckauf, y del puntano Adolfo Rodríguez Arias. El primero acusó al
gobierno de “seguir reteniendo indebidamente los fondos” que les pertenecen
a las provincias, mientras que el segundo declaró que “el gobierno radical
es especialista en echarle la culpa a otro de los males”.
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>> TRAS LAS DUDAS CONFIRMAN EL CENSO NACIONAL
El Censo Nacional previsto para los días 17 y 18 de noviembre
próximos está en veremos por la negativa de los docentes a
participar en su realización. El miércoles 7 un congreso
extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación
(CTERA) decidió que los docentes no participen en protesta por la
falta de pago del incentivo salarial docente. Pese a que en un
primer momento las autoridades del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (Indec) declararon que se suspendería el
relevamiento, el presidente Fernando de la Rúa confirmó que se
analizaba “realizarlo de todos modos”. Luego, el vocero
presidencial, Juan Pablo Baylac declaró que “el censo se va a hacer
igual” en los días previstos, y que se convocarán “a militares,
fuerzas de seguridad y estudiantes”.
"Sin los docentes no podemos hacerlo", afirmó Alejandro Giusti,
director de Estadísticas Social y de Población del Indec, que añadió que el
INDEC podría llegar a efectuarlo el año próximo. Este operativo demandaría
“no menos de siete meses”. La postergación costaría unos 15 millones de
pesos (1$ = 1US$). A su vez, Noemí Muchnik, directora de Difusión del
Indec, relató que pese a sostener contactos con “todas las áreas del
Gobierno no apareció ninguna solución”. El costo previsto del censo es de
87 millones de dólares. Para su confección estaban convocados 450 mil
docentes de todo el país y 50 mil supervisores. Los censistas iban a
cobrar 44 pesos (maestros rurales) y 50 pesos (los urbanos) por una jornada
y media de trabajo. Anteriormente les habían prometido 55 y 60 pesos
respectivamente, pero el salario sufrió también el recorte del 13 por
ciento aplicado a la administración pública.
Pero la gota que rebasó el vaso fue la demora del Ministerio de
Economía en girar a los gobierno provinciales los fondos para pagar el
incentivo docente. La decisión de no participar fue tomada en un congreso
extraordinario de la CTERA, medida que fue apoyada por los delegados de 20
de las 25 jurisdicciones. Las autoridades de Economía les adeudan a los
docentes las cuotas del Incentivo de los meses de mayo, septiembre y
octubre, y es muy probable que también se sumen a la deuda los montos
correspondientes a noviembre y diciembre. En el acuerdo suscripto entre
los sindicatos y el Gobierno en febrero pasado, se giraba a las provincias
110 millones de pesos en marzo y diciembre (a razón de 120 pesos por cargo
por mes) y 55 millones el resto de los meses (60 pesos por cargo).
Entretanto, las autoridades de Educación y Economía se desligaron
de la responsabilidad, y acusaron al gremio docente de la posible
suspensión. “Economía garantiza que la plata para pagar el censo está.
Pero no se pueden incorporar otras cosas”, declaró el secretario de Legal y
Técnica de Economía, Alfredo Castañón. El funcionario añadió que los
docentes " no pueden condicionar una cosa a la otra. Es una absoluta
irresponsabilidad que el gremio y (su secretaria general) Marta Maffei
hayan decidido que sus afiliados no participen del censo. No están
perjudicando al gobierno, están perjudicando al país. Ya se gastaron 50
millones para hacer el censo”.
Finalmente, en la tarde del viernes 9, las autoridades del Indec
ratificaron la realización del Censo. El titular del organismo, Héctor
Montero, afirmó que será escasa la cantidad de docentes que no participará
del relevamiento. Añadió además que los docentes faltantes serán
reemplazados con voluntarios, quienes en su enorme mayoría son desocupados.
Entretanto, el Ministerio de Trabajo intimó a los docentes a trabajar para
la realización del censo, debido a que dicha tarea es una “carga pública”,
por lo que podrían recibir sanciones que van desde los 15 días al año de
cárcel. Ante la noticia, el secretario adjunto de la CTERA, Hugo Yasky,
declaró que “en lugar de la Carpa Blanca vamos a tener la Cárcel Blanca.
Lo de Trabajo es un disparate. ¿Qué quieren hacer? ¿Meter presos a todos
los docentes?”. Más allá de la postura del sindicato docente, no deja de
ser muy grave la situación del Estado nacional, que una semana antes de tan
importante tarea tiene que salir a buscar voluntarios para un censo que se
realiza cada diez años, y cuyos resultados son importantísimos para
administración razonable.
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>> LA POBREZA EN LA ARGENTINA
- La Argentina tiene en 2001 la distribución de la riqueza más regresiva de
los últimos 25 años
Veinticinco años de neoliberalismo llevaron a la Argentina a
convertirse en uno de los países con la peor distribución de la riqueza, en
donde al menos 5,5 millones de personas sobreviven apenas con tres pesos
por día, donde la mitad de los sueldos son inferiores a los 400 pesos
mensuales, la desocupación ya roza al 20 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA), y casi el 40 por ciento de los trabajadores
son mantenidos en negro por los empresarios. Las cifras provienen todas de
fuentes oficiales y consultoras privadas, y fueron publicadas en las
últimas semanas por algunos de los principales diarios de la Capital
Federal.
El neoliberalismo se impuso a pleno por la fuerza en la Argentina
con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y desde entonces, con
matices, sus lineamientos formaron parte de todas las administraciones,
aunque tuvieron su máxima expresión en lo político y cultural, además de lo
económico, durante la década pasada. El desarrollo sostenido del
neoliberalismo terminó llevando a la Argentina a quedar entre los primeros
15 países del mundo con peor distribución de la riqueza, en niveles aun
peores que los de países como Uganda, Nigeria o Bolivia.
Un informe publicado días atrás por el diario porteño Clarín con
datos provistos por la consultora Equis reveló que el 20 por ciento más
rico de la población argentina gana 14,6 veces más que el 20 por ciento más
pobre, mientras que en 1974, cuando se comenzó a medir la desigualdad
social, la brecha de ingresos era de 7,8 veces entre ambos extremos. El
nivel de desigualdad, concluía el director de Equís, Artemio López,
convierte a la Argentina en un país más inequitativo que la mayoría de los
de Europa del Este, Asia y Africa, o Costa Rica, Malasia, Israel y, por
supuesto, que todos los países adelantados donde la brecha entre ricos y
pobres es de 4 o 5 veces.
Esa brecha entre los que más y los que menos ganan, significa que
los primeros se quedan con la mitad de las riquezas producidas en la
Argentina, mientras que los segundos apenas rozan el 5 por ciento del total
del ingreso. En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires el 20 por ciento
más rico se queda con el 53 por ciento, mientras que el 20 por ciento más
pobre apenas con el 4,1 por ciento. Entre muchas otras causas, la
inequidad en la distribución de la renta se explica a través del volumen
promedio del salario. Aunque el promedio nacional ronda los 576 pesos, la
mitad de los trabajadores cobra menos de 400 pesos, según las estadísticas
oficiales elaboradas con datos obtenidos en mayo pasado (ver aparte).
Desde entonces, las empresas y el Estado rebajaron
considerablemente los sueldos de los trabajadores, con lo que la medición
de octubre, que se conocerá en los próximos días, marcará un punto aun más
bajo que el del último sondeo. En el gremio de prensa esta situación puede
observarse en toda su amplitud y gravedad porque, mientras el Estado rebajó
compulsivamente en un 13 por ciento los salarios de los periodistas y
trabajadores de prensa de los medios de comunicación oficiales, muchas
empresas privadas redujeron los sueldos bajo amenaza de despido contra
quienes se opusieran, como ocurrió, por ejemplo, en el diario Crónica y en
el canal porteño América TV.
La gravedad de la situación por la que atraviesa la generalidad de
los trabajadores de la Argentina, los más y los menos calificados, es la
condición de empleados no inscriptos que imponen las empresas al 39 por
ciento de los asalariados, una cifra que en términos absolutos equivale a
poco más de 3,6 millones de personas (ver aparte), y que representa los
niveles más altos desde que organismos oficiales comenzaron a cuantificar
la situación (ANC-Utpba).
- La mitad de los trabajadores ganan menos de 400 pesos
Pese a que respecto de los estándares internacionales la Argentina
presenta un elevado ingreso per cápita promedio, la realidad indica que la
mitad de todos los trabajadores del país tienen un salario que se ubica por
debajo de los 400 pesos mensuales, según cifras oficiales del Ministerio de
Economía. El promedio salarial de los trabajadores argentinos es
exactamente de 576,30 pesos mensuales, cuando según todas las coincidencias
de mediciones sociales, una familia de cuatro integrantes requiere de un
ingreso básico de 1.030 pesos mensuales para cubrir sus necesidades de
alimentos, educación y salud.
Pero aun en estos niveles, el promedio salarial de la mitad de los
trabajadores cayó casi un 11 por ciento respecto de octubre del año pasado,
cuando rondaba los 448 pesos mensuales, mientras que la reducción del
sueldo medio de la Argentina fue del 2 por ciento (era de 586,80 y pasó a
576,30 pesos). Estos promedios salariales sumergen a más de 4,6 millones
de trabajadores y sus familias bajo la línea de la pobreza, considerada
como aquellos hogares cuyos ingresos no superan los 470 pesos.
El mapa salarial muestra que en la Capital Federal y el Gran Buenos
Aires la mitad de los asalariados cobra menos de 500 pesos, mientras que en
las provincias del Nordeste ganan menos de 300 pesos mensuales por mes, en
el Noroeste menos de 320, y en la Patagonia el promedio es de 576 pesos. A
esta situación de trabajadores con ingresos que se encuentran por debajo de
la línea de la pobreza se debe añadir que, también según las cifras
oficiales, al menos el 39 por ciento de los asalariados trabaja en negro.
Un informe publicado esta semana evaluó que “si a estos 3,6
millones de trabajadores sin cobertura social se agregan los 2,1 millones
de desocupados, hay 5,7 millones de asalariados que están al margen de la
seguridad social”. Y concluye que por el trabajo en negro, las empresas se
ahorran cargas sociales por 10.000 millones de pesos anuales. Con el 48,7
por ciento, la ciudad de Posadas lidera la lista del trabajo en negro,
seguida por Corrientes, con el 47,7; Córdoba, con el 47,6 por ciento, y
Tucumán, con el 47,5 por ciento mientras que en la Capital Federal es del
30,8 por ciento, y en el conurbano trepa al 41,0 por ciento.
Respecto de octubre de 1990, existen hoy 1,7 millones más de
puestos de trabajo, pero como el empleo en negro pasó del 27,7 al 39 por
ciento (aumentó 10 puntos), los analistas estiman que el 84 por ciento de
todos los puestos laborales creados durante la década del noventa fueron
creados al margen de las leyes laborales, fueron empleos en negro. Esos
empleos en negro son, junto con los altos índices de desocupación una de
las partes constitutivas de la distribución regresiva de los ingresos, cuya
demostración más alarmante se observa en que en la Argentina 5,5 millones
de personas que viven con menos de 3,20 pesos diarios, mientras que, en los
sectores de mejores ingresos, 2,5 millones pueden gastar 100 pesos diarios.
Fuente: Gentileza Agencia Nacional de Comunicación-Unión de Trabajadores
de Prensa de Buenos Aires (ANC-Utpba).
Más informes en www.utpba.com.ar
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>> CONFIRMAN INVALIDEZ DE PUNTO FINAL Y OBEDIENCIA DEBIDA
El viernes 9 la Sala II Cámara Federal porteña confirmó que las
leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas entre 1986 y
1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, son inválidas e
inconstitucionales. Dichas leyes fueron aprobadas por las
presiones de las Fuerzas Armadas y sirvieron para paralizar los
procesos judiciales a cientos de militares acusados de violaciones
a los Derechos Humanos en la pasada dictadura (1976-1983). En esta
semana, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo
Luraschi ratificaron la medida dictada el pasado 6 de marzo por el
entonces juez federal Gabriel Cavallo.
En esa ocasión, Cavallo –ascendido a camarista el jueves 8-
consideró que las leyes 23.492 y 23.521 son contrarias a la Constitución
Nacional. Y a continuación, el magistrado llamó a prestar declaración
indagatoria a los ex policías federales Julio Simón (alias el Turco Julián)
y a Juan del Cerro (alias Colores), acusados de la desaparición de José
Poblete y su esposa Gertrudis Hlaczik en 1978. El primero de los acusados
fue procesado por la privación ilegal de la libertad y tormentos, mientras
el segundo aún no declaró por estar enfermo.
Con el fallo del viernes, los camaristas confirmaron el
procesamiento de Simón y el llamado a declaración de del Cerro. Esta causa
comenzó en 1998 por una denuncia presentada por las Abuelas de Plaza de
Mayo, por la apropiación ilegal de la menor Claudia Poblete, quien había
sido entregada ilegalmente al teniente coronel (retirado) Ceferino Landa y
a su esposa Mercedes Moreira. La investigación judicial permitió
devolverle la identidad a la joven, y el Tribunal Oral número 5 condenó a
Landa y su esposa. La pesquisa se orientó luego hacia los secuestradores
de la menor secuestrada –ahora de 23 años- entre ellos Simón y del Cerro y
otras nueve personas.
El fallo de la Cámara deja en una posición incómoda a la Corte
Suprema de Justicia, ya que utiliza fallos del máximo tribunal y de la
Corte Interamericana de Justicia, donde se afirman que los delitos de lesa
humanidad –desaparición forzada de personas y tormentos- son
imprescriptibles y que “el Estado tiene el deber de garantizar los derechos
humanos a través de la investigación, enjuiciamiento y castigo a los
autores de sus violaciones”. En relación al caso Poblete, los camaristas
destacaron que “es indudable que los hechos de este caso constituyen un
delito contra la humanidad, que repugna a la conciencia universal”.
Añadieron que “sólo resta afirmar que, en el caso, el obstáculo
para que el Estado argentino pueda cumplir acabadamente con sus
obligaciones internacionales lo constituye la vigencia de las leyes” de
punto final y obediencia debida. Calificaron de “manifiesta
irracionalidad” a la ley de obediencia debida (23.521), que permite
investigar la sustracción, retención y ocultamiento de Claudia Poblete,
pero que impide “investigar e imputar a los autores de la privación de
libertad, la tortura y demás actos que fueron víctimas sus padres”. El
tema tendrá que ser resuelto próximamente por la Corte Suprema de Justicia,
que deberá decidir si los tribunales podrán volver a retomar los procesos
interrumpidos en los años ’80.
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>> BREVISIMAS
# BALOTAJE EN CORRIENTES. El domingo 4 el radical Ricardo Colombi derrotó
por un escaso margen al ex gobernador correntino Raúl “Tato” Romero Feris,
líder del Partido Nuevo (PaNu, escisión del antiguo Pacto
Autonomista-Liberal), y asumirá la gobernación de la provincia mesopotámica
el próximo 10 de diciembre. Con esto concluirán los dos años de
intervención federal de la provincia, motivada por una grave crisis
socioeconómica y por las distintas denuncias contra el ex gobernador Romero
Feris. En los comicios del 14 de octubre Romero Feris, candidato del
Frente para la Unidad, había obtenido la primera minoría de los sufragios
(43,04%), seguido por el postulante del Frente de Todos, Colombi, quien
reunió el 40,94% de los votos. En la segunda vuelta, el ganador aventajó
por un escaso margen a Romero Feris, quien denunció fraude electoral. En
esta provincia el Justicialismo se presentó dividido, y ambas fórmulas
llevaban a peronistas como candidatos a vicegobernador: el menemista Félix
Abdala Machado acompañaba a Romero Feris, mientras que Colombi era
escoltado por Eduardo Galantini, quien tenía el apoyo del senador electo
Eduardo Duhalde.
# MENEM ANTE LOS TRIBUNALES. El miércoles 7 el ex presidente Carlos Menem
debió declarar ante los tribunales por la causa de tráfico de armas por la
que se encuentra detenido desde el pasado 7 de junio. En esta ocasión fue
indagado durante casi cuatro horas por el juez en lo penal económico Julio
Speroni, quien lo investiga por el supuesto delito de contrabando agravado.
Entretanto, el ex mandatario está arrestado por decisión del juez federal
Jorge Urso, quien lo procesó por liderar una asociación ilícita y por
falsedad ideológica. Durante su gobierno, entre los años 1991 y 1995 se
realizaron ventas de armas y municiones a Panamá y Venezuela, pero que
fueron desviadas a Croacia y al Ecuador. Además del ex mandatario están
arrestados por la misma causa su ex cuñado, Emir Yoma, el ex ministro de
Defensa Antonio Erman González, y el ex jefe del Ejército, teniente general
Martín Balza.
# COMENZO JUICIO A EX REPRESOR. El juez federal Gabriel Cavallo comenzó el
miércoles 7 el proceso de extradición del ex general Guillermo Suárez
Mason, ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército, quien es requerido por la
Justicia de Alemania. El ex militar –quien se negó a ser juzgado por la
justicia alemana- fue requerido por un tribunal de Nuremberg por su
presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Elisabeth Kasemann,
ocurrido en mayo de 1977. Suárez Mason está también procesado y bajo
arresto domiciliario en la causa que investiga la existencia de un plan
sistemático para la apropiación ilegal de hijos de detenidos-
desaparecidos. Con respecto a la extradición, será muy difícil que
prospere, ya que meses atrás el gobierno argentino rechazó un pedido
similar presentado por la Justicia de Italia. Tanto en este caso como en
el del ex capitán de la Armada Alfredo Astiz –requerido por Italia y
Francia- el gobierno argentino arguyó motivos de territorialidad.
# APRUEBAN COPARTICIPAR LEY DEL CHEQUE. Con el voto de las bancadas del
Justicialismo, el Frepaso y la Alternativa por una República de Iguales
(ARI, el bloque que lidera la diputada radical disidente Elisa Carrió), el
miércoles 7 el Congreso aprobó el proyecto de ley que permite la
coparticipación del impuesto a las transferencias bancarias. Votaron en
contra de la medida la bancada de la UCR y de Acción por la República, el
partido del ministro de Economía Domingo Cavallo. Ahora resta que la
iniciativa pase al Senado, e incluso existe la posibilidad del veto del
Ejecutivo. La importancia de la norma reside en que los recursos de este
impuesto forman la garantía principal para la reestructuración de la deuda
externa que impulsa el gobierno. En caso de que los fondos recaudados con
este impuesto (unos 400 millones de pesos mensuales) se coparticipen entre
las provincias, se desarticularía la garantía.
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FIN DE LA EDICION DE MICROSEMANARIO
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