Microsemanario
Año 11 número 451
Viernes 27 de julio de 2001
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% INDICE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
DISCUTEN EL AJUSTE EN EL SENADO
LOS AJUSTES PROVINCIALES
ANUNCIAN PIQUETES PARA EL MARTES
REFORMA POLITICA EN CORDOBA
MALOS AUGURIOS PARA LA ECONOMIA
TODOS DICEN LO SUYO
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>> DISCUTEN EL AJUSTE EN EL SENADO
Se sigue postergando el ajuste en el Congreso de la Nación, donde
los senadores se resisten a aprobar el proyecto de ley impulsado
por el Poder Ejecutivo. "La ley hay que sancionarla como viene así
comienza inmediatamente a entrar en vigencia", urgió el presidente
Fernando de la Rúa, el viernes por la tarde, momentos antes de
partir hacia el Perú en visita oficial. Si bien el recorte ya ha
sido lanzado por decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno
insiste en que la ley sea aprobada en el Congreso para que tenga
mayor consenso ante la sociedad. Pero las diferencias entre las
bancadas del oficialismo y la oposición, y en el interior de ellas
mismas, demoran la discusión del proyecto aprobado en la madrugada
del sábado en la Cámara de Diputados. Ya no se discute la teoría
del "déficit cero", pero la puja pasa por cómo lograrlo. Mientras
el eje delarruista-cavallista insiste en recortar un 13% los
salarios estatales y las jubilaciones mayores de 500 pesos,
sectores del alfonsinismo-frepasismo-peronismo tratan que las
rebajas salariales se apliquen a quienes ganan más de mil pesos.
- El debate legislativo
En la madrugada del sábado 21 la Cámara de Diputados del Congreso
de la Nación aprobó el proyecto de ley de recorte impulsado por el Poder
Ejecutivo para alcanzar el déficit cero. Entre otros puntos, la norma
habilita al gobierno argentino a bajar un 13% los salarios y jubilaciones,
pero aquí recomenzaron las diferencias entre el Ejecutivo y los
legisladores. Mientras los segundos afirmaban que sólo se descontaría a
partir del piso de 1000 pesos, desde la Casa Rosada lo interpretaban a
partir de los 500. Esto dio pie a una nueva serie de recriminaciones entre
el Gobierno y el radicalismo. Entretanto, esta fue la primera ocasión
donde la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente del País
Solidario (Frepaso) votaron por separado. Salvo tres diputados que
apoyaron el ajuste, el grueso de los legisladores frepasistas se pronunció
por la negativa.
Luego de las largas sesiones en Diputados, el proyecto debió
tratarse en el Senado. Pero la impopularidad de la norma hizo retroceder a
muchos legisladores. Luego de ser instados por el Ejecutivo para que
sancionen la ley cuanto antes, el miércoles 25 los senadores peronistas
mandaron el proyecto a comisión, posponiendo el debate muy probablemente
hasta la semana venidera. Fueron inconmovibles ante una misiva de puño y
letra del Presidente, donde pedía la "pronta sanción" del recorte porque
"cualquier demora traería consecuencias negativas" para el país. Mientras
tanto, el Gobierno deberá negociar punto por punto con los senadores una
propuesta que el Ejecutivo calificó de "innegociable".
El senador justicialista José Luis Gioja defendió la postergación
del debate, afirmando que "compartimos la política del déficit cero, pero
no compartimos la rebaja de los haberes jubilatorios y no queremos que se
modifique la escala salarial". Para no aplicar la rebaja del 13% o al
menos reducir lo máximo posible ese porcentaje, propusieron otras medidas.
Estarían las de gravar los depósitos de plazos fijos y las cuentas
corrientes que tienen los bancos en el Banco Central, entre otras. Las
resistencias también se extienden a la bancada radical de senadores, donde,
a pesar de las gestiones del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y del
ministro del Interior, Ramón Mestre, no consiguieron convencer a todos. El
grupo disidente lo conforman los senadores Leopoldo Moreau, Alberto
Maglietti y Horacio Massaccesi, entre otros.
- El ajuste en el Estado
Más allá del tratamiento legislativo del recorte en el Estado, el
Gobierno realizó sucesivos anuncios de recortes del gasto público. De tal
forma, el miércoles 25 el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, informó
nuevos recortes. Entre ellos la rebaja del 30% de las partidas para
personal contratado, unas 20 mil personas. En esos casos, el jefe de cada
dependencia estatal deberá elegir entre despedir a los contratados bajo su
mando, bajarles el sueldo o combinar ambas medidas. Asimismo, todos los
funcionarios con cargos políticos cobrarán un 35% menos, hasta un máximo de
5900 pesos, que es el nuevo sueldo asignado al jefe de Gabinete. También
se estableció un tope de tres directores en los directorios de organismos
descentralizados, fondos fiduciarios, entes residuales y de control de
empresas privatizadas.
El jefe de gabinete Colombo explicó que "los ahorros que se
obtengan por las reducciones producidas en los fondos fiduciarios,
organismos descentralizados y los bancos oficiales, tanto de directorios
como de personal contratado, serán depositados en una cuenta del Tesoro
Nacional a la orden de la Anses para poder subir el piso a partir del cual
se le reduce el pago a los jubilados". Se estima que el ahorro llegaría a
los 11 millones de pesos anuales. Luego, el Gobierno decidió no aplicar la
devolución del impuesto a las Ganancias a los empleados públicos, para
equipararlos con el resto de los contribuyentes. Además, se realizará un
control estricto entre los agentes públicos, a fin de detectar y echar a
los "ñoquis" (quienes no van a trabajar pero perciben salarios públicos).
"Esto significa un censo permanente de los empleados públicos, y es una
manera de eliminar a los vulgarmente llamados ‘ñoquis’", concluyó Colombo.
- El ajuste a los jubilados
Mientras el Congreso debate la ley, el lunes 23 el Ejecutivo dictó
el decreto 926, que reduce un 13% el monto que perciben los jubilados que
ganan más de 574 pesos. Esto afectará a 533.401 jubilados, el 16% del
total de los jubilados y pensionados del país, y que permitirá un ahorro de
68,6 millones de pesos. Empero, según el secretario Legal y Administrativo
del Ministerio de Economía, Alfredo Castañón, "la previsión es que muy
rápidamente se cumpla con empleados y jubilados. Esto es lo que se calculó
y lo que seguramente va a suceder, porque lo que surge de la ley es que con
los mayores recursos se va a poder hacer frente a un piso de 1000 pesos",
explicó.
En la actualidad existen 3.274.868 jubilados y pensionados en al
Argentina, de los cuales el 16% se verá afectado por la rebaja salarial.
El monto total que perciben es de 528,1 millones de pesos, un poco menos de
la mitad (exactamente el 45%) del presupuesto destinado a pagos
previsionales. Estarán exceptuados de la rebaja salarial el 84% de los
jubilados. Estos suman 2.741.467 personas que reciben, en total, 656,9
millones de pesos (el 55% restante).
- El Frepaso sigue en el Gobierno
Pese a las políticas que impulsa la administración
delarruista-cavallista, el Frepaso, socio menor de la coalición que ganó
las elecciones de 1999, decidió continuar en el Gobierno. Más allá de las
diferencias que mantiene con el Ejecutivo, el Frepaso padece del "síndrome
Chacho Alvarez", la dimisión de su líder a la vicepresidencia, en octubre
pasado. Como parece no haber margen para dejar el Gobierno sin salir
malparados, parecería que los líderes frepasistas tratarían de incidir
desde adentro –como tratando de levantar el piso del recorte de 500 a 1.000
pesos- y eventualmente ser echados del Ejecutivo.
Tras votar contra el ajuste en el Congreso, dirigentes y
legisladores comenzaron a debatir qué hacer. Entre ellas estaría la de
quedarse en la Alianza pujando por propuestas alternativas de gestión,
mientras que otra –quizás la mayoritaria- insiste en romper en lo inmediato
con el Gobierno y con la Alianza. Aunque este mismo sector también teme
las consecuencias electorales en el próximo octubre. "No caben dudas de
que hoy la mejor opción es la de irse de la Alianza. Pero tampoco hay duda
de que corremos el riesgo de ser recordados históricamente como
especialistas en dar portazos y no construir nada", destacó un diputado
frepasista. Pero el martes 24 se impuso la tercer postura, de "apoyo
crítico", para quedarse en la Alianza. "Tenemos que avanzar por el camino
más difícil: tratar de mantener los valores del Frepaso pero sin sacarle
el cuerpo a la crisis", explicó el diputado Darío Alessandro.
Hace tiempo que el Frepaso comenzó a deshilachares, con la ida de
la diputada Alicia Castro –vinculada al Movimiento de los Trabajadores
Argentinos, el Socialismo Popular y la Democracia Cristiana. En los
últimos días, el subsecretario de Vivienda porteño, Eduardo Jozami, anunció
que su sector en el Frepaso apoyará a Elisa Carrió y Alfredo Bravo "como
senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires" por la agrupación
Argentinos por una República de Iguales (ARI). Jozami llamó a reagrupar
"todo el espacio progresista frente a la crisis de la Alianza y el proceso
de dispersión que sufre el Frepaso como consecuencia de su acompañamiento a
las políticas del gobierno nacional". A su vez, en Salta, sectores
socialistas e intransigentes del Frepaso decidieron romper la Alianza en
dicha provincia, para buscar coincidir con el ARI y el Polo Social que
lidera el sacerdote Luis Farinello.
///
>> LOS AJUSTES PROVINCIALES
De la misma manera en que el gobierno nacional se ve obligado a
lanzar un duro ajuste –que hará recaer en los jubilados y empleados
públicos- varias administraciones provinciales también procurar
ajustarse al dogma del "déficit cero". En el caso de Buenos Aires,
desde agosto los empleados públicos que ganen más de 740 pesos
recibirán parte de su salario con el recién lanzado bono "Patacón".
El anuncio fue hecho oficialmente por el gobernador justicialista
Carlos Ruckauf el martes 24, cuando aseguró que "sólo el 30 por
ciento de los empleados públicos" recibirán los bonos, en un
promedio de 525 pesos por persona y "a partir de los 740 pesos" de
salario de bolsillo. Los "patacones", que tendrán impresa la cara
de Dardo Rocha, fundador de La Plata, pagarán un 7% de interés
anual y se emitirán con valores de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 pesos.
El gobernador Ruckauf explicó que la masa total de esta emisión
secundaria de dinero será el equivalente inicial a 500 millones de pesos y
que "la cuasi moneda bonaerense" será aceptada por las empresas de
servicios públicos y comercios minoristas. Siempre y cuando se llegue a un
acuerdo con cámaras mercantiles. Servirán asimismo para abonar los
impuestos provinciales y créditos personales e hipotecarios de empleados
del estado bonaerense contraídos con el Banco Provincia. Según
estimaciones oficiales, los "patacones" serán recibidos por 180 mil
empleados de la administración pública provincial, tanto activos como
jubilados. Esta fue la "alternativa a la rebaja de salarios que realizó la
Nación".
Entretanto, en la provincia de Córdoba el gobierno del también
justicialista José Manuel de la Sota cancelará deudas con proveedores y
contratistas con "pagarés sin protesto" que devengarán una tasa de interés
de hasta el 12 por ciento anual. Si bien los documentos que entregará la
gobernación mediterránea no son comparables con los bonaerenses, se
destinarán al mismo fin: cancelar compromisos de la administración
provincial, para descomprimir una dificil situación financiera. Similares
medidas serán tomadas en otras provincias, como en Entre Ríos, donde el
gobernador radical Sergio Montiel procurará su propio lanzamiento de bonos,
los "federales".
Y en Mendoza, el martes 24 el gobernador radical Roberto Iglesias
anunció un ajuste fiscal que incluye rebajas salariales y reformas en el
Estado provincial. No se rebajarán los salarios de quienes perciban menos
de 500 pesos, pero será del 9% para quienes perciben de 500 a 1000 pesos,
del 11% para los que cobran de 1000 a 2000 pesos, 16% para los que tienen
haberes de 2000 a 4000 pesos y del 20% para los mayores de 4000 pesos.
Además, se eliminarán la Secretaría General de la Gobernación, la
Subsecretaría de Medio Ambiente, y entes residuales de organismos públicos
privatizados, como bancos, empresas de energía y agua potable y las ex
bodegas Giol.
El gobernador Iglesias también propuso incrementar la presión
impositiva sobre las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión
(AFJP-jubilación privada) y las entidades financieras que operan en
Mendoza. También, y empezar a cobrarles el impuesto a los ingresos brutos
a las empresas concesionadas de servicios públicos, como energía, gas y
agua. Las medidas están contenidas en varios decretos y dos proyectos de
ley que deberá tratar la Legislatura. El gobernador Iglesias planteó
además que en las elecciones de octubre sólo se renueve un cuarto y no la
mitad de las bancas de los concejos deliberantes de toda la provincia como
forma de ahorrar. Imitando a su par cordobés (ver "Reforma política..."),
Iglesias impulsará la reforma de la Constitución provincial para convertir
en unicameral la Legislatura local.
///
>> ANUNCIAN PIQUETES PARA EL MARTES
El martes 24 se realizó en la localidad bonaerense de San Justo
(oeste del conurbano bonaerense), la Asamblea Nacional de
Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados. Ya más
conocido como el "primer congreso piquetero", el encuentro sesionó
en el predio de la parroquia del Sagrado Corazón, y definió un plan
de lucha contra las medidas de ajuste que lanzó el Gobierno. Este
consistirá en cortes de rutas en cuarenta puntos en todo el país.
La protesta comenzará el próximo martes 31, y luego están previstos
piquetes de 48 y 72 horas, que comenzarán los martes 7 y 14 de
agosto, respectivamente. Esta es la primera vez que se coordinarán
los piquetes que cortan los caminos, una práctica que hasta el
momento tiene un alto grado de espontaneidad. Esta metodología de
protesta, al margen de los partidos políticos y organizaciones
sindicales tradicionales, no sólo patentiza la crisis de estos
últimos, sino que también representa una nueva escalada en el
conflicto social que padece la Argentina.
Entre otros participantes estuvieron Juan Carlos Alderete y Luis
D´Elía, los líderes de los cortes en la ruta nacional 3 en La Matanza;
Vicente Ruiz, el sindicalista de los municipales tucumanos, amén de casi
dos mil personas de distintas provincias y movimientos de protesta.
También participó Víctor De Gennaro, secretario general de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA). En cambio pasó un mal rato Hugo Moyano,
secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT-sector
disidente), quien fue chiflado cuando intentó participar del debate.
Además participaron otros sectores, como la Federación de Tierra y Vivienda
(ligada a la CTA), y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que lidera el
estatal jujeño Carlos "Perro" Santillán, entre otros. Entretanto, la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE, integrante del CTA) informó que
hará un paro nacional el martes y participará a los cortes de ruta.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, si bien
reconoció el "derecho a protestar" de los piqueteros, sostuvo que no le
"parece bien que se hagan cortes de rutas". Señaló que si los piqueteros
no desisten de esa modalidad, "el Gobierno va a tener que actuar". La
Bullrich añadió que "si hay un grupo político que se quiere organizar y
está en contra del ajuste, puede hacer una marcha, un acto, puede hacer
distintas cosas porque eso está permitido en la Argentina, pero lo que no
me parece bien es que se hagan cortes de rutas", expresó la ministra.
Advirtió que las medidas que se realicen para protestar "no deben rozar el
orden público".
Más duro fue el subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Baylac,
quien tras advertir que el Gobierno "actuará con la ley y la Justicia" para
garantizar la libre circulación, sostuvo que los piqueteros pronunciaron
"discursos que confrontaban entre la sedición, la insurrección y la
violencia". El vocero presidencial dijo que los piqueteros responden a una
"ideología vetusta que no tiene ninguna posibilidad de gobernar seriamente
un país". Y concluyó que "es muy triste que unan para promover situaciones
de anarquía, para violentar, para tener discursos que están más cercanos a
la sedición que a la construcción". En cambio, el ministro de Desarrollo
Social, el frepasista Juan Pablo Cafiero, discrepó con quienes enfrentar a
los piquetes "poniéndose los cascos y preparándose para la guerra". Estimó
que "hay que descomprimir la situación, buscar diálogos, tratar de entender
cuál es la protesta legítima, ver si se puede prevenir esa situación".
Hasta el momento han fracasado las gestiones entre el gobierno y
los piqueteros para que levanten la protesta. La ministra Bullrich recibió
a una delegación de piqueteros en la noche del jueves 26 –comisión que
antes de concurrir consultó con abogados, por temor a quedar detenidos-
pero cada uno se mantuvo en sus posiciones. Los piqueteros tampoco
anunciaron dónde realizarán los cortes, sino que aguardarán a último
momento, para eludir la respuesta policial. Entretanto, la estrategia
oficial pasaría por "provincializar" el conflicto, es decir, traspasar la
responsabilidad de mantener las rutas abiertas a las respectivas
jurisdicciones provinciales. Como es habitual en la atribución de
competencias, descontamos que tanto las gobernaciones como los municipios
se pasarán mutuamente la pelota.
///
>> REFORMA POLITICA EN CORDOBA
El gobernador cordobés José Manuel de la Sota se apuntó un rotundo
éxito con la consulta popular -no vinculante- realizada el domingo
22. Con una participación del 68% del electorado, el 70% de los
sufragantes se pronunció a favor de modificar la Constitución para
achicar la Legislatura local, entre otros puntos de la reforma
política que impulsa. Tras la consulta del domingo último, el
gobernador de la Sota le pidió a los dirigentes de la oposición que
"escuchen a la gente" y acepten cambiar la constitución local. Por
su parte, el principal partido de oposición, la Unión Cívica
Radical, anunció que rechazará todo proyecto reformista en lo que
queda del año y sólo aceptará debatir modificaciones en la
Constitución a partir del próximo período de sesiones.
El Gobierno provincial y los partidos de la oficialista Unión por
Córdoba (justicialistas y conservadores), fueron los únicos que hicieron
campaña en favor del proyecto oficial y celebraron el triunfo como un éxito
exclusivamente propio. En cambio, la UCR se pronunció por el Sí, pero
cuestionó la consulta por estimarla superflua. Tampoco hizo campaña y sólo
fiscalizó el comicio. Por su parte, los votantes del Frepaso se
repartieron, según las indicaciones de los respectivos partidos que lo
integran en Córdoba, entre el No, el blanco y los votos protesta que fueron
anulados.
A fines de junio de último, la Unión por Córdoba dio a conocer su
proyecto de reforma en el Senado. Este no sólo consistirá en convertir en
unicameral la actual Legislatura bicameral, reduciendo a la mitad el número
de legisladores, sino que también contemplaba cambios en el régimen
municipal y en el Poder Judicial. La UCR, con el argumento de la falta de
consenso, votó contra la iniciativa, por lo que no llegó a reunir los dos
tercios necesarios para su aprobación. Más allá de la intención de reducir
los costos de la política –encima en momentos de gran desprestigio de la
clase política- está presente el hecho que la oposición controla la
Legislatura cordobesa. Y que el oficialismo trataría derogar el mandato de
los actuales legisladores y convocar a una nueva elección para designar a
otros nuevos.
Sobre el comicio, el gobernador de la Sota sostuvo que "el
resultado es un clamor que ningún político puede dejar de oír para
modernizar nuestras instituciones y para comenzar a reconciliar a los
dirigentes políticos con el pueblo". En cambio, el ministro del Interior,
el ex mandatario cordobés Ramón Mestre, calificó de "tramposa" a la
consulta, ya que generó un gasto para obtener un resultado cantado. Por
último, el titular del Frente Grande (Frepaso), Horacio Viqueira, coincidió
que la consulta fue "innecesaria porque era obvio un resultado mayoritario
por el Sí". Y añadió que "ratificamos nuestra coincidencia con la
necesidad de achicar el gasto político, pero para ello es imprescindible la
convocatoria al diálogo con todos los sectores políticos y sociales por
parte del Gobierno", concluyó.
///
>> MALOS AUGURIOS PARA LA ECONOMIA
En medio de la crisis política y económica que castiga a la
población, el Gobierno comenzó a admitir extraoficialmente que la
economía continuará estancada otro año más. De acuerdo a las
proyecciones que se discuten con la misión del Fondo Monetario
Internacional (FMI) que está auditando la economía nacional, el
crecimiento llegaría al cero por ciento, contra las optimistas
expectativas del 2,5% que se anunciaban el año pasado.
Empero, el cero por ciento resulta optimista frente a la caída del
1,6% que proyectaba la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL, la capilla del fugaz ministro de Economía Ricardo
López Murphy). La recesión comenzó en julio de 1998, marcando caídas del
3% en 1999 y del 0,5% en 2000. De acuerdo a cifras oficiales, en los
primeros seis meses de 2001 el Producto Bruto Interno (PBI) cayó 2,1%,
mientras que en el tercer trimestre se aguarda un incremento del 0,2 por
ciento con respecto a idéntico lapso del año 2000.
Para el economista Arturo Porzecanski, jefe para mercados
emergentes del Banco ABN Amro, "tenemos chances de que en el cuarto
trimestre del año obtengamos más señales positivas que negativas y eso
permitiría que la Argentina termine el año apuntando levemente hacia
arriba". Sin embargo, "la gente no va a sentir que la economía doméstica
mejora sino hasta mediados de 2002. Ahora viene la etapa de estabilizar la
economía, evitar la fuga de depósitos y la entrada en moratoria. En eso
trabaja Economía, y creo que está bien".
Por su parte, según el economista Miguel Bein, ex miembro del
equipo de José Luis Machinea, el crecimiento "sería muy difícil que se
produzca en el tercer trimestre porque ahora lo que hay que hacer es
eliminar el stress financiero que se generó en el segundo trimestre. Hoy,
lo que define la evolución futura de la economía es ver si el país es capaz
de cumplir la regla de equilibrio fiscal, recuperar la confianza
internacional y abrir los mercados de deuda". Concluyó que "cuando el país
logre acceder a los mercados internacionales para colocar deuda por las
amortizaciones, apenas ahí podría tomarse como punta de arranque de la
economía".
De acuerdo al economista Carlos Pérez, de la Fundación Capital,
"hay que tener una dosis de realismo importante", ya que "tendremos muchas
jornadas de volatilidad. Acá lo que se tiene que tratar es de evitar
crisis financieras, controlar la fuga de depósitos y desterrar para siempre
la posibilidad de un default (cesación de pagos de los intereses de la
deuda externa). No hay que perder de vista que el pánico acecha y que el
tema político avanza a paso lento; acá no hay un consenso unánime y eso
hace que estemos en una frágil estabilidad", consideró.
Al margen de las opiniones de los economistas, son contradictorias
las cifras sobre la caída de la industria en el pasado mes de junio. El
Ministerio de Economía confirmó el lunes 23 que el estimador mensual
industrial (EMI) del mes último registró un crecimiento del 1% interanual,
en la medición desestacionalizada (comparando la misma cantidad de días de
actividad). En contraposición, la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL), difundió el mismo día su índice de producción
industrial (IPI), donde afirma que hubo una contracción del 3% respecto del
mismo mes del año pasado.
Por último, según un informe de la consultora CCR difundidos el
martes 24, los tres años de recesión hicieron bajar un 10% los precios de
los productos de consumo masivo en el comercio minorista. Pero ni siquiera
esa caída bastó para evitar que los consumidores redujeran sus gastos en un
15% y que comprasen el 5% menos de productos. El estudio comparó los
indicadores del primer semestre de 1998, el último de crecimiento
económico, con los de mismo período de 2001, pero "por más que la cadena
productiva, desde proveedores hasta comercios, se esforzó por bajar los
precios, no logró mantener los volúmenes y menos los ingresos", concluyó
Gualberto Arrúa, de CCR.
///
>> TODOS DICEN LO SUYO
A FAVOR Y EN CONTRA DE LA REBAJA ESTATAL
"Son medidas desesperadas que la Argentina tuvo que tomar cuando perdió el
crédito internacional. Es probable que, en algunos casos, se justifique.
Quizás un porcentaje de esta gente efectivamente tenga que ganar menos.
Pero en otros, cuando se trata de profesionales altamente calificados y
entrenados durante años en el Estado, probablemente las nuevas
retribuciones puedan quedar por debajo del sector privado y, en ese
sentido, la rebaja de sueldos, además de ser injusta, se convierte en
peligrosa desde el punto de vista del buen funcionamiento del Estado. El
Estado no es la basura de la sociedad. Cumple funciones importantes,
provee bienes y servicios públicos". Miguel Bein, ex secretario de
Programación Económica. (Página/12 25/07/01)
"Es una atrocidad toda la definición tomada en materia de gasto público.
En primer término, porque el volumen del gasto público en la Argentina en
relación al producto bruto interno no es alto y la razón por la cual se
ajusta tiene que ver con una política económica que hace recaer los costos
y el peso de sus limitaciones sobre la baja del gasto público y sobre la
baja del salario. Concretamente, en un esquema de convertibilidad con tipo
de cambio fijo y apertura absoluta donde no se tocan tarifas de las áreas
privatizadas ni de las tasas de interés, las únicas variables a ajustar son
el salario y el gasto público. La segunda razón es que se profundiza la
hiper recesión. El ajuste sobre el gasto, los salarios, las jubilaciones y
los contratados implica mayor depresión del mercado interno. Y, en tercer
lugar, al plantearse una reducción absoluta del gasto de manera uniforme
sobre todas las áreas, eso implica que no se está trabajando en función de
ninguna reforma del Estado ni de ninguna mayor eficiencia en el gasto.
Esto lleva, lisa y llanamente, a que el Estado argentino va a tener menor
productividad y menor eficiencia que la que tiene." Claudio Lozano,
economista de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA. (Página/12
25/07/01)
"Estas medidas tienen un punto a favor y uno en contra. A favor, la
asunción de la realidad de que hay que bajar el gasto. Lo desfavorable es
que se baja el gasto de los contratados porque resulta más barato que
rebajar el de los de planta, puesto que a éstos habría que pagarles
indemnización, con lo cual no bajaría el gasto. Ahora bien, el problema es
que los empleados contratados suelen ser más productivos que los de planta.
Por lo tanto, es una medida donde se prioriza el resultado de caja pero no
necesariamente la eficiencia. Tengamos en cuenta que se llega al déficit
cero por necesidad y no por convicción. Y consideremos, también, que si lo
que realmente existe es un exceso de gasto público, la solución está por la
vía del ahorro público y no aplicando más impuestos. Si no, en vez de
hacer un ahorro público, como se lo presentó originalmente, termina siendo
un impuestazo más". Norberto Sosa, analista de Raymond James. (Página/12
25/07/01)
"Yo soy contratado, y eso dice algo por sí sólo. Pero más allá de mí,
también existen contratados que reciben un salario por arriba de la media
dado que hacen un trabajo importante para la administración. El Gobierno
ha tomado un camino para resolver la situación que es doloroso para mucha
gente, sin ninguna seguridad de que los problemas se resuelvan. De lo que
estoy seguro es que hay otra forma de conseguir el dinero. En este caso,
complican a una gran cantidad de gente y no tratan de afectar a otros más
poderosos. Eligen lo que, suponen, es el camino menos conflictivo para
ellos. En octubre se verán los resultados políticos de sus acciones".
Miguel Kavise, investigador de Flacso y del Indec. (Página/12 25/07/01)
"El gasto público alto es el principal –aunque no el único– causante de
todos los males, y por eso el decreto de reducción me parece bien. Hay
mucha gente que no hace nada. Son empleados de la política. Muchos
empleados públicos toleran a los ñoquis. Ahora, les reducen el sueldo a
ellos también. Esta es la forma de conseguir el dinero: bajando los
gastos, no aumentando los impuestos." Orlando Ferreres, consultor de
empresas. (Página/12 25/07/01) ///
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FIN DE UNICA SECCION DEL MICROSEMANARIO
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