Edición Electrónica del

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			    15 de julio de 2002
			    Año 13 - Nº 457/458
			       Tercera parte
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///////////////////////////////// DEBATES \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 >>>	¿EXPORTACIÓN HIGH-TECH VS. AMBIENTALISMO?
	Acuerdo sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear
	Por Verónica Engler (*)

	Un  acuerdo, que aún requiere aprobación  parlamentaria,  entre  la
	República  Argentina  y  Australia  sobre cooperación en  los  usos
	pacíficos de la energía nuclear genera fuertes debates entre grupos
	ambientalistas  y  expertos  nucleares.  El acuerdo convalidaría el
	contrato comercial por el cual la empresa nacional INVAP construirá
	un reactor nuclear en Sydney.

	En las próximas  semanas  la  Comisión  de  Relaciones Exteriores y
Culto de la Cámara  de  Diputados  de  la  Nación  terminaría de definir su
postura en torno al controvertido  acuerdo  entre  la república Argentina y
Australia sobre cooperación en los usos  pacíficos  de  la energía nuclear.
El acuerdo convalidaría el contrato comercial -firmado  hace casi dos años-
por el cual la empresa argentina INVAP (Investigación  Aplicada) construirá
un  reactor  nuclear  para  la Organización Australiana para la  Ciencia  y
Tecnología Nuclear (ANSTO, Australian Nuclear and Technology Organization).

	Más  de  sesenta  organizaciones  no gubernamentales se oponen a la
firma del acuerdo, porque interpretan que el texto deja abierta las puertas
de  la  Argentina  a  la  recepción de los desechos nucleares producidos en
Australia para su  tratamiento  en  territorio nacional, violándose de esta
forma el artículo 41  de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente
el ingreso al país de "residuos radiactivos".

	Por su parte, quienes apoyan la ratificación del acuerdo, ven en la
postura  de  los  ambientalistas  prejuicios  antinucleares  contrarios  al
desarrollo de una rama de la producción  de  alta  tecnología  en la que la
Argentina se destaca a nivel internacional.

Exportación high-tech

	En  junio  de  1998 la ANSTO llamó a  licitación  para  el  diseño,
construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear  para investigación y
producción de radioisótopos, con un presupuesto de 180 millones de dólares.
Luego  de un minucioso proceso de selección que duró dos años,  INVAP  S.E.
-empresa  estatal  formada  por  el  gobierno  de  Río  Negro y la Comisión
Nacional de  Energía  Atómica  (CNEA)- ganó la licitación para construir un
reactor nuclear que  reemplazará  a  otro  inaugurado  en  1958,  en  Lucas
Heights, a 35 kilómetros de Sydney.

	En lo que específicamente se refiere a la exportación de tecnología
nuclear por parte de nuestro  país,  la  propia  empresa  INVAP  cuenta con
varios antecedentes importantes de construcción de  reactores  nucleares de
investigación en otras partes del mundo, tales como Perú, Argelia y Egipto.
En  estos  casos,  la  exportación  de  tecnología nuclear  (incluyendo  la
construcción  del reactor y la capacitación para su operación)  no  implicó
ningún tipo de importación de elementos combustibles irradiados (ECIs) a la
Argentina.   Por  el  contrario,  los contratos previeron el almacenamiento
directo de estas  sustancias  en el mismo país.  Aparentemente, el contrato
firmado con Australia en  el  año  2000  sería sustancialmente diferente en
este aspecto.

	De todas formas, la no  ratificación  del  acuerdo  por parte de la
Argentina no implica un impedimento para  la realización y puesta en marcha
del  reactor, sólo dejaría en stand-by la  posibilidad  de  que  dentro  de
quince años se traten en nuestro país los ECIs de Lucas Heights.

Esperar y ver

	El  punto  conflictivo del acuerdo binacional está plasmado  en  su
artículo  12,  en  el  que  se  expresa  que  la   Argentina  asegurará  el
procesamiento  fuera de Australia del combustible irradiado por el reactor.
Luego  de  realizado este proceso todo el combustible acondicionado y todos
los  desechos  radiactivos  resultantes podrán regresar a su país de origen
para su  almacenamiento.   Esto supone la posibilidad del eventual envío de
combustible gastado del  reactor para su acondicionamiento en la Argentina,
en el hipotético caso de que la compañía francesa (COGEMA), que se ocupa de
esta tarea en la actualidad,  dejase  de hacerlo en el futuro, cuando deban
ser tratados estos combustibles (aproximadamente en el año 2017).

	Los  opositores  al  acuerdo,  representados  en   la  comisión  de
diputados  por  Rubén  Giustiniani (socialismo popular) y  Carlos  Raimundi
(frepasista crítico), alertan acerca de que el acuerdo estaría aprovechando
el  vacío legal que hay en Argentina con respecto  al  tratamiento  de  los
residuos nucleares.  De hecho, la Ley Nacional 25.018 sobre  el "Régimen de
Gestión  de  Residuos Radioactivos", promulgada en octubre de 1998, preveía
la elaboración  de un Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radioactivos.
Este plan preparado  por  la CNEA nunca fue aprobado por el Poder Ejecutivo
Nacional, de manera que  todavía  no  hay  una  política de estado definida
sobre el tratamiento de los  residuos  radiactivos en la Argentina, por tal
motivo no se procesan esas sustancias en el país, sino que son almacenadas.
En eso consiste la doctrina del "wait and see" (esperar y ver) que se sigue
a nivel local, como en la mayoría de  los países del mundo en este momento.
"Esperar y ver es lo más racional y también  lo  más  barato", afirma Roque
Pedace, biólogo egresado de la UBA especialista en políticas tecnológicas y
coordinador de la Campaña de Energía y Cambio Climático de la  organización
Amigos  de  la Tierra.  "¿Usted se operaría hoy si puede esperar  cincuenta
años sin riesgo adicional?",  pregunta  retóricamente  Pedace, aludiendo al
tiempo en que los residuos  pueden  permanecer  guardados adecuadamente sin
representar ningún peligro.

La controversia

	Luego de que INVAP iniciara la  construcción del reactor nuclear en
las afueras de Sydney, a principios de  abril  de  este  año,  en Argentina
comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación la ratificación
del acuerdo entre los dos países, suscripto en agosto  de 2001 en Canberra,
Australia.  El texto fue aprobado por los senadores en  noviembre  del  año
pasado en una rauda votación "sobre tablas" sin discusión en comisiones.

	Dada  la  complejidad  del  tema  planteado  por  el  acuerdo,  los
diputados  decidieron    iniciar   una  ronda  de  consultas  a  diferentes
especialistas  que pudieran  echar  luz  sobre  el  documento  cuestionado.
Durante  los  meses  de  abril  y  mayo  expusieron  ante  la  comisión  de
legisladores:  el titular de  la CNEA -José Abreata-, el gerente general de
INVAP -Héctor Otheguy-, la embajadora de  Australia en la Argentina -Sharym
Minahan-,  y  representantes  ambientalistas  (Greenpeace,  Vida Silvestre,
Amigos de la Tierra y Defensoría del Pueblo  de la Ciudad de Buenos Aires).
Finalmente, fue convocada la presidenta de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN),  Diana  Clein,  quien  respondió  a  las  consultas técnicas de  los
diputados durante la primera reunión de comisión del mes de junio.

	La  discusión  sobre la constitucionalidad del acuerdo se centra en
dos puntos.    El  primero  se  basa  en la disquisición entre "combustible
gastado" y "desecho  radiactivo".    El  segundo  punto  se  refiere  a  la
diferenciación entre "ingreso transitorio"  e  "ingreso  permanente" de los
residuos provenientes de la actividad nuclear a la Argentina.

	Antonio  Oliveira, químico egresado de  la  UBA  y  Secretario  del
Directorio"  de  la  ARN  resume  la   diferencia  entre  ECIs  y  residuos
radiactivos:    "Los  elementos  combustibles  irradiados contienen  en  su
interior,  por  un  lado  residuos  radiactivos y por  otro  lado  material
utilizable.  El reprocesamiento consiste justamente en separar ese material
utilizable  y  dejar  el  resto  como  residuo.    El elemento  combustible
irradiado  tiene  un uso previsible, posterior, y el residuo radiactivo no.
Desde  el  punto  de  vista  técnico -afirma el funcionario-, los elementos
combustibles irradiados no son necesariamente residuos".

	Luego de  consultar a diversos constitucionalistas, las autoridades
de INVAP concluyeron  que  "no existe impedimento constitucional al ingreso
temporario, a la Argentina,  de elementos combustibles usados con el fin de
acondicionarlos para su almacenamiento permanente  en Australia".  Según el
análisis realizado por la empresa rionegrina,  el contrato INVAP-ANSTO sólo
prevé el ingreso "temporario" de "combustible gastado", en caso de que otro
país no pudiera hacerse cargo de esta tarea.   Como no se considera residuo
al  "combustible gastado" y el ingreso del combustible sería  "temporario",
el tratamiento en territorio nacional de los ECIs provenientes del  reactor
nuclear  de Lucas Heights no sería violatorio del artículo 41 de  la  Carta
Magna.

	Por  su  parte,  quienes  se oponen al acuerdo siguen una lógica de
razonamiento contraria.  Juan  Carlos Villalonga, Coordinador de Energía de
Greenpeace  Argentina,  considera  que  en    la   definición  de  "residuo
radiactivo" que establece la ley 25.018  se  encuentran  incluidos los ECIs
que podrían llegar desde Australia.  La  norma  invocada  por  el dirigente
ecologista  expresa que "se entiende por residuo radiactivo  todo  material
radiactivo,  combinado  o  no  con  material no radiactivo, que  haya  sido
utilizado  en  procesos  productivos o aplicaciones, para los cuales no  se
prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación, y que, por sus
características radiológicas  no  puedan  ser dispersados en el ambiente de
acuerdo con los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear".

	Para definir la  resolución  de  comisión  sobre  el  acuerdo,  los
diputados esperan recibir en  los próximos días las respuestas de CNEA a un
minucioso cuestionario que le fuera presentado al organismo por la diputada
Lilia  Puig, presidenta de la Comisión  de  Ciencia  y  Tecnología  (bloque
radical).  Por otra parte, también se prevé una última consulta técnica, en
este caso a constitucionalistas.

(*) Verónica Engler integra el Centro de Divulg. Científica (SEGBE-FCEyN)


 >>>	¿DEBATE O LUCHA LIBRE?
	Por Tomás Buch (INVAP)

	Es  un  hecho  histórico  que  la  tecnología nuclear  nació  a  la
conciencia  mundial  con  un  crimen contra la humanidad:   la  masacre  de
Hiroshima y Nagasaki.  Este nivel de eficiencia en la  destrucción  fue uno
de los resultados de la aplicación de la ciencia moderna a las más variadas
tecnologías  que, con su ayuda, comenzaron a avanzar tan rápidamente que la
mayoría de las predicciones que se hacían hace unas décadas quedaron atrás.
El mundo de hoy es su resultado, con grandes logros y graves peligros.

	Una ciencia  moderna  que  investiga todo lo que está a su alcance:
las intimidades de  la materia y el funcionamiento profundo de los sistemas
vivos, sin retroceder ante  ningún  tabú.   Y que además, actúa en un medio
social y económico, el sistema capitalista que, con su dinamismo en pos del
lucro, favorece estos avances como no lo han hecho otros sistemas.  Nos da,
así,  los medios para modificar ecosistemas enteros  y  para  alcanzar  con
nuestra contaminación los lugares más remotos de la  Tierra  y  aun  de sus
alrededores.

	Algunos  de estos avances tocan temas acerca de los  cuales  muchos
sienten  que  tal  vez  deberían  haber  quedado fuera del alcance  de  los
humanos,  porque  afectan  los  arcanos:   hemos tocado lo intocable, hemos
comido del árbol del conocimiento.  Tenemos un hondo miedo de haber pecado.
Creo que ésta  es  la  raíz  más  profunda  del temor que inspiran tanto la
tecnología nuclear como la manipulación genética.

	Las raíces de este  temor son muy profundas, y niegan y reniegan de
la racionalidad instrumental que nos  guía en la vida diaria.  Es necesario
reconocer su existencia y su naturaleza, y respetarlo.  Negarlo, como hacen
muchos racionalistas y tecnócratas, sólo contribuye a ocultar su naturaleza
y, considerando la situación cada vez más peligrosa y angustiante en que se
encuentran el país y el mundo, hace el juego  a  actitudes  oscurantistas y
reaccionarias.   Exacerbarlo,  como  hacen  muchos  ecologistas,  lejos  de
asegurar que no  se  sigan expoliando nuestro recursos, contribuye a cortar
posibilidades de desarrollo a  un  país que nada necesita tanto como nuevas
fuentes de riqueza.

	Muchos  ecologistas  rechazan  las  aplicaciones  pacíficas  de  la
tecnología nuclear en su conjunto, pero no reconocen la naturaleza profunda
de  sus  prejuicios.    Recurren,  entonces,  a   argumentos  ecológicos  o
económicos.  Para ellos, y según el caso,  la  energía  nuclear  o  bien es
contaminante y peligrosa, o es inconveniente por ser demasiado cara.

	Pero estos argumentos se pueden refutar.  Es posible  demostrar que
la  radiactividad  no  es  un  producto de la tecnología nuclear,  sino  un
fenómeno presente en la naturaleza y en todos los seres vivos.    Se pueden
comparar  la  calidad  y la cantidad de la contaminación producida por esta
actividad y por  otras.    Los  residuos  nucleares  decaen, aunque algunos
tienen vidas medias de  milenios:    los  metales  pesados son eternos.  Se
puede comparar, también, los 8.000 muertos en accidentes de automóvil en un
solo año en la Argentina, con  los  millones  de  kilómetros recorridos por
materiales radiactivos en todo el mundo, en  trenes, camiones y barcos, sin
un solo accidente.  Se puede comparar los  miles  de  muertos de la minería
del  carbón con los cuidados que se toman con  el  medio  ambiente  en  las
instalaciones nucleares.

	Se  puede comparar el impacto ecológico de las represas con  el  de
las  centrales nucleares;  el efecto invernadero está a la orden  del  día.
Se pueden aportar datos reales sobre el más grave accidente nuclear, el  de
Chernobyl, que son accesibles y ni se parecen a las cifras que manejan  los
militantes antinucleares.   Se  puede  decir  que  un  reactor  como los de
Chernobyl no hubiese sido  permitido en ningún país de Occidente;  se puede
demostrar que Ezeiza no tiene  ninguna  relación  con  Chernobyl  y  que un
reactor  nuclear  no puede explotar como  una  bomba:    ninguno  de  estos
argumentos  hará mella en un verdadero ecologista,  para  el  que  todo  lo
nuclear equivale a la muerte, aunque no siempre  sepa  justificar  su miedo
cerval.

	Entonces  comienzan  las  distorsiones,  los  mitos y las mentiras:
según una fuente, en Chernobyl murieron cientos de miles de  personas;   ni
siquiera en Hiroshima y Nagasaki se llegó a tanto.  Es  interesante señalar
que, más allá de las cifras conocidas, el grupo más numeroso de víctimas de
Chernobyl fueron  varios miles de fetos, víctimas de abortos provocados por
el puro temor a la radiación.  Según otra fuente, en Gastre nacieron varios
bebés con malformaciones debidas al "basurero nuclear":  sin embargo, jamás
se acercó a Gastre un  solo átomo radiactivo (salvo los naturales que están
allí desde siempre, por supuesto).   Alguien  "vio" peces muertos en el río
Pichileufu, debido a la planta de enriquecimiento  de  uranio.   Esto no es
cierto, pero hay quien lo cree.  Siempre  hay alguien que cree en cualquier
cosa:  así se originan los mitos.

	Y  así  llegamos  al  reactor de Australia y la  polémica  por  sus
combustibles  gastados.    Aquí  hay  que  separar  netamente  dos aspectos
diferentes:   uno  es  el  de  la  constitucionalidad o no del acuerdo o la
legalidad del contrato.    El  otro  es  el de la presunta peligrosidad del
eventual acondicionamiento de dichos combustibles en la Argentina.

	Sobre el primer punto, si hay algo que es evidente es que no existe
consenso entre los juristas.   Hay una parte de la polémica que es un tanto
bizantina:  si se trata o no de residuos, si la importación temporaria es o
no el ingreso prohibido.  Serán los abogados y los jueces los que dirimirán
el caso, en la remota hipótesis de que  se  presentase,  tal  vez dentro de
quince años.  Si, entonces, la Justicia decide que  el material australiano
no entre, no entrará.  Pero, puestos a ser jurídicamente  precisos  en  los
términos,  en  ninguna  parte  del acuerdo ni del contrato se dice  que  la
Argentina  o  INVAP  se  compromete  a  realizar el acondicionamiento en su
propio territorio,  cosa  que  suele ser ocultada por los adversarios de la
aprobación.  En  todo  caso, si alguien tratase de importar algo prohibido,
intervendrá la aduana y  otras  instancias  y  no lo dejará entrar.  Claro,
contestan:  con la corrupción  que  hay, entraría cualquier cosa.  Pero no:
aunque la cantidad no sea grande,  un  envío  de  material radiactivo no se
puede cruzar por el río Paraná en  una  lancha  como  si fuesen paquetes de
cigarrillos.    Además, ¿quién puede pensar que los  prolijos  australianos
aceptarían  tratar con nosotros en condiciones jurídicamente tan precarias?
Y,  por  supuesto,  relacionar todo esto con un "basurero nuclear"  es  una
opinión alarmista sin ningún fundamento.

	Otra  cosa que se dice es que la ilegal importación de  la  "basura
nuclear" australiana habría sido la condición para lograr el contrato.  Más
allá de  ser  falso,  este  argumento es absurdo:  los que ahora hacen este
pretendido "trabajo sucio"  para  los australianos, y lo seguirán haciendo,
son los franceses, contra  los que INVAP ganó la licitación, sencillamente,
créase o no, porque su  oferta  era  la  mejor.  ¿No hubiese sido más fácil
darles la obra a los franceses, si la condición era ésa?

	Pero  ese  argumento es, además, profundamente  ofensivo  para  los
argentinos y demuestra un nivel de colonialismo  mental asombroso:  implica
que no sabemos hacer nada mejor que los  "desarrollados"  y  que  sólo  nos
tiran migajas a cambio de aceptar ser el basurero del mundo.

	En  cuanto  a  la  peligrosidad  del acondicionamiento en sí:    la
Argentina maneja esta clase de materiales con competencia y seguridad desde
hace  cincuenta  años.   La CNEA falló en llevar adelante una  política  de
difusión que contribuyese a calmar la ansiedad de la gente, ya que, de modo
paternalista, siempre dijo:    "Nosotros  sabemos  hacer  las cosas, no hay
motivos de alarma" sin  aceptar  que, a pesar de eso, había gente que tenía
miedo.  Pero también es  cierto que la CNEA sabe hacer las cosas y, a pesar
de su menguada situación actual, las  hace bien.  Ahora, lo que pasa es que
la gente no le cree nada a  nadie,  y  ¿por qué habría de creerle a la ARN,
encargada del control de las 1.712 instalaciones de  todo  tipo  -muchas de
ellas de aplicaciones médicas- en las que se usan materiales radiactivos en
nuestro país?  A esa pregunta no hay más que  una  respuesta:    porque  la
industria  nuclear  argentina tiene una tradición de 50 años de hacer  bien
las cosas.  El que quiera creer, que crea.

	Y  ahora,  al  título  de  esta  nota.    El debate es una  de  las
condiciones  de  la  democracia.   Hay gente que piensa distinto, y ello es
bueno y  todas  las  ideas  deben confrontarse.  Pero la manipulación de la
información y de  la gente;  el todo vale;  la distorsión de los hechos más
allá de lo reconocible;    el  uso de seres humanos inocentes para hacerles
repetir mentiras, todo eso que estamos viendo en estos días en relación con
este tema, ya no se puede  llamar  debate.    No  sé  si  "lucha libre", el
término que he usado en el título  de  esta  nota, es un término aceptable,
pero  el  nivel de mala fe que ha  tomado  esta  confrontación  sí  que  es
totalmente inaceptable.  Se trata de técnicas totalitarias, de  las  cuales
Goebbels  se  hubiese  sentido  orgulloso.    Se  trata de dar  una  imagen
siniestra, y aun delictiva, de una empresa y de una actividad lícita.  Ello
ofende  profundamente  a  cientos de trabajadores honestos que hacen lo que
más pueden para ayudar a la Argentina a salir del marasmo económico, social
y también ecológico  en  el  que  se encuentra:  exportar productos de alto
valor agregado.

	Ciertamente, la democracia se debe un debate libre y abierto.  Pero
se debe debatir hechos y  no  fantasías:   no se puede aceptar que para los
que se oponen al acuerdo, ese  fin  justifique  todos  los  medios  de  una
desenfrenada manipulación de la opinión pública.


 >>>	EL CLIENTE ¿SIEMPRE TIENE LA RAZÓN?
	Por Roque Pedace (*)

	En caso de aprobarse el acuerdo con  Australia, el estado Argentino
deberá  asegurar  el  procesamiento/acondicionamiento  de los ECG en  algún
lugar del universo.  Como el gobierno no tiene  más  autoridad que sobre su
territorio, el acuerdo determina que , mas allá de toda  ley  nacional,  es
allí  donde  finalmente  ocurriría si no hubiera otras opciones.  Por  esta
razón  se plantea el debate acerca de la constitucionalidad de la operación
propuesta por INVAP en Argentina, la cual sin el aval del acuerdo no  seria
mas que un asunto privado.

	La misma  implicaría  el  ingreso  de ECG -que no son residuos para
Australia y el  egreso  de  los  residuos producto del acondicionamiento en
viaje de vuelta.   De  este modo se sortearía la prohibición constitucional
de ingresar (porque cuando son  residuos  solo  egresan,  no  permanecen  )
residuos  radiactivos  (porque  cuando  ingresan no  son  residuos).    Sin
embargo, la ley argentina incluye los ECG  en  el  manejo  de residuos y la
Constitución no hace diferencia entre permanente y temporario.

	El proceso propuesto no se hace ni esta  planificado que se haga en
Argentina.  Desde los años 50 CNEA opera reactores  de  investigación.  Los
ECG se mantienen varias décadas en piletas como en el  resto  del mundo .En
el  futuro pueden también almacenarse en seco por periodos aun mas  largos,
como ya ocurre con los ECG de la Central de Embalse.   ¿Porque Australia no
puede hacer lo mismo con sus ECG?  Porque decidió poner una fecha  para  la
disposición final  de  los residuos en un repositorio.  Por tal motivo debe
acondicionar sus ECG;    lo  hace  en  el exterior por razones económicas y
políticas.

	Al presentar INVAP su  alternativa  de  acondicionar  en territorio
argentino declaro que CNEA debía acondicionar sus propios ECG y que por tal
razón (necesidad propia) contaría con la planta de vitrificación requerida.
Eso era falso entonces y lo es  también  ahora, pero es verdad que desde el
2001,  esto  es después de la propuesta de  INVAP,  se  lleva  adelante  un
programa de demostración de un nuevo método de procesamiento  de  ECG.  Los
ensayos  a escala de laboratorio se realizan en Ezeiza y  la  investigación
debe  durar  cuatro  años,  al cabo de los cuales se evaluaría  su  posible
utilización.   El sitio y la capacidad de una hipotética planta también  es
solamente materia de estudio .

	Si  se    aceptara  vitrificar  ECG  australianos  también  debería
autorizarse el transporte  de  residuos  radiactivos  por  miles de Km.  de
territorio argentino y alta mar, cuya seguridad estaría a cargo del Estado.
Esto sería una reversión de la política en la materia, dado que los ECG han
permanecido mayormente en el sitio del reactor y se ha tratado de evitar el
transporte internacional en el mar argentino.

	Si, como sostiene INVAP con apoyo de  las  actuales  autoridades de
CNEA,  Argentina  debería  vitrificar sus ECG y abandonar  la  doctrina  de
"esperar  y  ver"  se  cerraría de antemano la oportunidad  de  desarrollar
primero  y  utilizar  después  tecnologías mas apropiadas que permitan, por
ejemplo, reciclar y reducir el impacto de los residuos.

	Dejaría de usarse un recurso del que se dispone:  el  tiempo,  para
obtener lo que menos se tiene, y esto es consenso social sobre una solución
de largo plazo.

	(*)  Coordinador  de la Campaña de Energía y Cambio Climático de la
	organización Amigos de la Tierra.

* Información en la Red

La posición de Greenpeace respecto al tema nuclear se puede ver en:

	http://www.greenpeace.org.ar/home_seccion.php3?seccion=5

El Planetario de  la  Ciudad   de  Buenos Aires organizó un debate sobre el
acuerdo que reprodujo Página/12 y se puede consultar en:

	http://www.fcen.uba.ar/prensa/

Proyecto Australia: preguntas y respuestas, informe del INVAP

	http://www.fcen.uba.ar/prensa/

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Edicion Electronica del Cable Semanal
Producido por la Oficina de Prensa
Secretaria de Extension, Cultura Cientifica y Bienestar
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Editores Responsables: María Fernanda Giraudo y Carlos Borches
Redacción: Patricia Olivella
Soporte Tecnico: Matias R. Pedraza.