[Alberto Teszkiewicz]

Los concursos del 82/83 - Lic. Alberto Teszkiewicz1{1}

Durante 1982 y 1983, en pleno proceso de descomposición de la dictadura, se convocaron concursos de profesores regulares en todas las universidades del país, con el fin de promover el continuismo de la universidad de la dictadura en la nueva etapa democrática que claramente ya se avizoraba.

Estos concursos se regían por la Ley Universitaria de la dictadura 22207 y se reglamentaron en nuestra Universidad mediante la Resolución CS 20/82.

Además del marco general de represión, algunas condiciones que establecían la ley y la resolución creo que dejan en claro, sin necesidad de mayores comentarios, en qué condiciones se celebraron:

Los concursantes debían "no difundir ni adherir a concepciones políticas totalitarias ni subversivas".

"Se considerará en especial un antecedente de importancia relevante al desempeño del aspirante en el cargo concursado al tiempo de llamarse a concurso."

"El jurado podrá eximir de la prueba de oposición a los aspirantes que al tiempo de sustanciado el concurso se desempeñen como profesores ordinarios o interinos."

No se admitía "impugnación con argumentaciones referidas al mérito del dictamen".

"Las actuaciones de los concursos no revisten carácter secreto para los interesados directos." (pero sí son secretas para el resto de la comunidad universitaria).

El llamado era tan escandaloso que, para garantizar que hubiera jurados, se estableció que "Los profesores de la UBA no podrán renunciar a su designación como jurados."

Esta convocatoria originó muchos pronunciamientos públicos. Entre ellos es importante la Convocatoria por la Reconstrucción Intelectual y Moral de la Universidad Argentina del 31 de agosto de 1982 que entre otras cosas afirmaba:

"Denunciamos las persecuciones sufridas por los docentes y las asociaciones vinculadas con la vida universitaria"

"Señalamos la inmoralidad que significan los actuales concursos docentes, llamados en condiciones de total anormalidad institucional, y organizados con el manifiesto propósito de convalidar situaciones creadas a la sombra de la opresión y mediante los cuales se procura enfrentar al futuro gobierno constitucional con una pretendida situación de hechos consumados"

"Solicitamos a todos los partidos políticos que incluyan en sus respectivos programas la cláusula expresa de anular estos falsos concursos y restituir en sus cargos a los docentes que hayan sido objeto de persecuciones o cesantías o de la aplicación de la llamada ley de prescindibilidad".

Entre los 101 firmantes podemos encontrar a Raúl Alfonsín, Pedro Arrighi, Alfredo Bravo, Alberto Constantini, Gregorio Klimovsky, Adolfo Pérez Esquivel, Ernesto Sábato, Vicente Solano Lima y Conrado Storani.

Los rectores de nuestra universidad encargados de esta convocatoria fueron el Dr. Alberto Rodríguez Varela (28-12-1981 a 23-12-1982), hoy Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales, y el Dr. Carlos Segovia Fernández (27-12-1982 a 23-12-1983), profesor de la FCEN y hoy Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

La pregunta interesante es: Por qué personas como estas, de las que puede afirmarse cualquier cosa, menos que sean tontos, siguieron adelante con estos concursos, a pesar del público rechazo y el común compromiso de anularlos? Preveían el Teorema de Baglini?2 O {2}había algún motivo más profundo?

Me inclino por esta idea. Entre democracia y dictadura ha habido rupturas y continuidades. No tengo que hablar de las rupturas; creo que están claras para todos y de una u otra forma todos nosotros hemos sufrido demasiado con la dictadura como para que sea ocioso reiterarlo.

Las continuidades tienen su expresión fundamental en la continuidad jurídica del Estado, defendida por todos los gobiernos democráticos que sucedieron a dictaduras. Continuidad jurídica que a su vez se sustenta en la continuidad estructural del sistema.

En mi opinión quienes dirigían las universidades nacionales apostaban a que no se iba a desperdiciar tan ligeramente el trabajo ya hecho para liquidar la radicalidad del movimiento sindical, estudiantil, social y político de los 70 y reestructurar la economía argentina.

En este sentido debemos recordar que la dictadura no era "lo contrario" del gobierno de Isabel Perón. En realidad vino a hacer radicalmente, sin concesiones, lo que Isabel intentó.

El plan económico de su ministro Celestino Rodrigo fue el ensayo del plan del ministro de la dictadura Martínez de Hoz. Pero en democracia, la movilización de masas lo obligó a renunciar.

Fueron colaboradores de Celestino Rodrigo: el empresario Nicolás Catena (cofundador del Cema en 1977), Ricardo Zinn (privatizador de YPF, Entel, Somisa en los 90), Pedro Pou (ministro de la dictadura, Presidente del BCRA de Menem / Cavallo).

El terrorismo de estado de la AAA fue el prólogo del de la dictadura.

La misión Ivanissevich (ministro de educación de Isabel Perón) y la intervención de Ottalagano en la UBA hizo gran parte de la limpieza de docentes problemáticos y de represión al movimiento estudiantil. Como forma de desarticular el movimiento estudiantil, en el primer cuatrimestre de 1975 no hubo clases en la Universidad. En el segundo cuatrimestre sólo podíamos entrar a la facultad en el horario de nuestras clases, que constaba en nuestra libreta universitaria; la policía controlaba que no entráramos ni saliéramos más allá de los horarios permitidos.3 {3} En nuestra facultad se echó a 500 docentes. La Ley "de facto" 21536/77 confirmó como regulares a los no echados que contaban con el aval de los decanos interventores.

De la misma manera, como leí en un cartel muy claro durante la marcha del 24 de marzo: "La dictadura se acabó. El proceso sigue."

No voy a abundar en explicaciones de esta idea. Sólo haré un comentario que considero clave. La esencia del modelo económico de la dictadura fue la disminución drástica de la participación de los trabajadores y la clase media en la apropiación del PBI. Y esto continúo en los 22 años de democracia. Las siguientes cifras creo que lo confirman4. {4}

Frente a esa continuidad hay también otra continuidad. Tan plena de matices y contradicciones como la primera. Es el espacio común, cultural, de grandes ideas, que une al progresismo y a la izquierda5 {5}. Que en algunas ocasiones, en algunos lugares, puede transformarse en unidad de acción. Como, con todas sus contradicciones, lo fue en la fabulosa marcha del viernes 24 de marzo del 2006.

Nuestra facultad muchas veces fue original. En 1973 y 1974, mientras la Juventud Universitaria Peronista (JUP) dirigía el Centro de Estudiantes en casi todas las facultades, en la nuestra lo hacía la lista Unidad, promovida por Movimiento de Orientación Reformista (MOR) y el Partido Comunista6.{6} En 1984, mientras Franja Morada ocupaba ahora el lugar de la JUP en casi todas las facultades, en la nuestra la dirección del movimiento estudiantil era la Agrupación Estudiantil Independiente (AEI), que a su manera expresaba un pensamiento de izquierda no subordinada a ningún partido político.

Nuestro Centro de Graduados también pertenecía a este mundo cultural. Y especialmente la Lista Participación Universitaria, a la que apoyaba la gran mayoría de sus miembros. Esta es probablemente la única lista universitaria apoyada conjuntamente por radicales progresistas, peronistas de las bases, comunistas, trotskistas, todo el amplio mundo del progresismo, la democracia y la izquierda, en muchos años de vida universitaria.

De la misma forma los profesores democráticos de nuestra facultad en 1984 se agruparon en el CEDEI, frente a otros dos agrupamientos, el del zardinismo7, {7} y el de las vertientes más ortodoxas del PJ y la UCR, que contaba con el apoyo del rectorado.

Y en mi opinión, en nuestra facultad, en ese momento, se pudo vivir una de esas ricas y contradictorias experiencias de unidad de acción.

Ante el alumbramiento de la etapa democrática en la vida de nuestro país, y en la universidad, a fines del 2003 comenzaron a reunirse en forma independiente, por un lado los docentes cesanteados de 1975, por el otro los docentes renunciantes de 1966. Ambos grupos en forma coordinada convocaron a una Asamblea para el 20 de marzo de 1984. En esta Asamblea se sumaron los militantes estudiantiles de los 70 y otros graduados. A partir de allí comenzó a funcionar el Centro de Graduados, cuya Asamblea Constitutita definitiva se realizó el 31 de julio de 1984. En esa fecha se confirmó la Mesa Directiva provisoria designada en marzo. Eran entonces Raúl Carnota el Presidente y Fortunato Danón el Vicepresidente. Puede que olvide algún nombre, pero también integraban esta mesa la Dra. Mariana Waissman, la Comp.Cient. Mirta Perez, el Dr. Carlos A. Ruiz y el Lic. Juan Grotewold. Rápidamente el Centro llegó a los 600 socios activos y a la adhesión de cinco de las asociaciones que agrupaban a los graduados de la facultad; las de todas las carreras salvo las de los matemáticos y geólogos. En sus primeras elecciones generales votaron por la lista única 331 graduados, hubo 9 votos en blanco y 2 anulados.

Entre sus objetivos iniciales se planteó la renovación académica de fondo, cuyo aspecto central pasaba por la anulación de los concursos de la dictadura, la reincorporación de los cesanteados y la inserción de los exiliados.

En este sentido, coincidía con la orientación principal del movimiento estudiantil. La declaración del Congreso Normalizador de la Fua, en Tucumán en junio de 1984 afirmaba "La posición del movimiento estudiantil ... es la anulación lisa y llana de los concursos de la dictadura y la puesta en comisión de todo el claustro docente hasta tanto se sustancien nuevos concursos." "No se deben buscar causas específicas para impugnar una situación cuyos vicios arrancan desde los mismos objetivos con los que fue creada, en lo inconstitucional del gobierno que los llamó, y de la ley universitaria y reglamento sancionados a tal efecto. " "Qué derechos se pueden adquirir a través del fraude y el autoritarismo, sobre la sangre de los miles de muertos y la entrega de la nación?"

No fue este sin embargo el espíritu de la nueva ley universitaria de la democracia recuperada. Esta Ley 23068/84, en su artículo 9 estableció: "Los concursos sustanciados durante el gobierno de facto podrán ser impugnados a pedido de parte interesada, dentro de los 60 días de promulgada la presente Ley". Como argumento básico para no proceder a la anulación lisa y llana se sostuvo un principio de economicidad: "Evitar la repetición de concursos cuando indubitablemente esta repetición resulte superflua". De la misma manera fue mezquina la reincorporación de los cesantados por razones políticas o gremiales, tanto por Isabel Perón - Ivanissevich - Ottalagano como por la dictadura. Se procedió a reincorporaciones simbólicas, parciales y temporarias, que no resultaron auténticos estímulos para reintegrarse a la vida universitaria de nuestro país.

Los Centros de Graduados y Estudiantes de nuestra Facultad presentaron tempranamente, antes del dictado del reglamento de revisión de los concursos, una impugnación genérica de los mismos, en el espíritu de la declaración de la FUA y también de las declaraciones previas de todos los que ocupaban posiciones claves en los poderes legislativo y ejecutivo, que rápidamente habían sido archivadas.

El Reglamento de revisión de concursos de nuestra Universidad fue establecido por Res. CSP 306 del 13 de julio de 1984.

En su artículo 1 establecía la creación de una Comisión por facultad integrada por cuatro profesores o exprofesores o investigadores o profesionales del más alto nivel e idoneidad propuestos por el Decano Normalizador y dos estudiantes propuestos por el Centro de Estudiantes. También podía incorporarse un delegado de la entidad de Graduados reconocida por la Facultad. La Comisión era presidida por el Decano o quien este designe.

En su Artículo 2 establecía: "Será función de la Comisión Asesora examinar la validez aparente de los concursos realizados bajo el imperio de la Ley 22207, entender en la impugnación de parte interesada ..., y pronunciarse acerca de si en la tramitación y aprobación de los concursos se vulneraron normas jurídicas, tradiciones académicas, de legalidad o valores de ética universitaria."

El Artículo 3 establecía que era Parte interesada: quienes se presentaron e impugnaron; quienes se presentaron y hubieran querido impugnarlos, pero no pudieron hacerlo por las restricciones del llamado en sí; y quienes no pudieron presentarse por expresas disposiciones vigentes o excesiva especificidad del llamado o razones personales, pero manifiestan su interés de hacerlo en base a las nuevas disposiciones vigentes (el reglamento de concursos aprobado por Resolución CSP 161/84).

El artículo 4 afirmaba: "También son causales de impugnación la trasgresión a los supuestos sobre los aspirantes, lo jurados y el trámite de los concursos, establecidos en los art. 37 y 38 del Estatuto Universitario."

Estos artículos establecen lo siguiente: amplia publicidad de antecedentes de los aspirantes y los dictámenes de los concursos; imposibilidad de toda discriminación ideológica o política y de todo favoritismo localista; integridad moral y rectitud cívica y universitaria de los candidatos que no pueden compensarse por méritos intelectuales; jurados de autoridad e imparcialidad indiscutibles, si es necesario personalidades argentinas o extranjeras no pertenecientes a la Universidad; en ningún caso son computados como méritos de los candidatos la simple antigüedad en el dictado de cursos y/o la acumulación de publicaciones de valor escaso o nulo.

El Decano Normalizador debía elevar las actuaciones al Consejo Superior Provisorio con su opinión fundada. La decisión final era de este Consejo. Si la impugnación era aprobada, se llamaba a nuevo concurso, y el profesor continuaba en el cargo pudiendo presentarse, sin que el concurso anterior pudiera ser considerado antecedente ni a favor ni en contra. Si era desestimada, el nombramiento como regular quedaba firme según la nueva legislación democrática.

Desde el Centro de Graduados promovimos y apoyamos, especialmente con asesoramiento, las impugnaciones. El mismo proceso de impugnación recreó un vínculo entre los renunciantes de 1966, los cesanteados de 1974 y 1976 y los exiliados, con la facultad, y facilitó en muchos casos su posterior reinserción.

El texto tipo que promovimos estaba basado en carácter persecutorio y proscriptivo de los concursos realizados. Afirmaba que no puede haber presunción de buena fe porque los partidos políticos y las organizaciones representativas de la vida universitaria y de la comunidad en general advirtieron sobre sus vicios invalidantes. Sugería que aunque la impugnación fuera general, de todas formas se especificaran las áreas o las materias correspondientes a la especialidad docente e interés directo de los peticionantes, para evitar su rechazo por falta de interés concreto. Este texto fue adoptado por muchos impugnantes, auque hubo variantes, y también impugnaciones individuales con sus propias argumentaciones.

Sobre 200 cargos concursados fueron impugnados cerca de 120: la totalidad en los casos de los departamentos de Biología, Geología, Física y Química Inorgánica, prácticamente todos en el departamento de Matemáticas (que incluía Computación), y un concurso en el de Química Orgánica.

El 30 de agosto de 1984 el Centro de Graduados se dirigió a todos los docentes de la facultad, para dejar sentado que "ninguna de las presentaciones trata de cuestionar académica ni personalmente a todos los profesores que se han presentado o ganado dichos concursos, sino de obtener su nulidad dado su carácter anticonstitucional y antidemocrático".

Del mismo modo que nosotros habíamos promovido las impugnaciones, el zardinismo organizó la Asociación de Profesores para obstaculizar organizadamente la normalización de la Facultad, y coordinar el rechazo de las impugnaciones. Arrastraron en algunas de sus actividades a algunos profesores honestos molestos por la revisión de sus concursos.

No he podido encontrar la lista de los integrantes de la Comisión Revisora, pero sin duda participamos el Dr. César Fernández Garrasino, el estudiante Carlos Casanello y yo por los graduados. Esta comisión finalizó sus labores el 15 de abril de 1985.

La Comisión Revisora decidió que debía considerar separadamente las tres funciones que el artículo 2 del Reglamento le asignaba. Por un lado redactó un dictamen genérico, acerca de la validez aparente de estos concursos, declarándolos inválidos por su esencia antidemocrática. Por otro lado analizó en cada concurso individualmente las impugnaciones y las violaciones de normas básicas establecidas en el Reglamento. Para evitar excesiva subjetividad, cada expediente fue estudiado por dos miembros de la Comisión, y sus conclusiones debatidas en sesiones plenarias, con revisión del expediente colectivamente cuando pareció necesario.

Sentada la invalidez intrínseca de los concursos, el objeto del examen de cada uno de ellos era comprobar si se reunían o no los requisitos indispensables para aplicar el principio de economicidad.

En los casos en que hubo impugnantes, controlamos que reunieran requisitos mínimos que indicaran que podrían presentarse al correspondiente concurso, aunque no necesariamente ganarlo (dado que, por supuesto, nosotros no éramos jurado de los méritos de nadie). Analizamos sus argumentos. Aún cuando los rechazamos, si se habían vulnerado normas básicas, consideramos que había parte interesada, lo que hacía no aplicable el principio de economicidad.

La Comisión, con distintas y cuidadas redacciones, según pudiera fundar su recomendación en la invalidez genérica, en la impugnación de parte interesada o en la violación de las normas básicas mencionadas, propuso en cada caso la anulación del concurso.

El Decano Normalizador, Dr. Gregorio Klimovsky, recomendó sin embargo la convalidación de muchos concursos asesorado por un oscuro personaje llamado Sánchez que actuaba como Secretario. Suponemos que sólo recomendó anular "los casos más extremos".

Hacia fines de 1985 se realizaron las elecciones de los claustros de graduados y estudiantes. En el caso de los graduados la Lista Participación Universitaria obtuvo la mayoría, y la minoría fue para una alianza de las direcciones oficiales de la UCR y el PJ. En el caso de los estudiantes los cuatro cargos fueron obtenidos por la AEI. De manera que bastaba con una minoría de profesores para que el sector radicalmente democrático y renovador de la facultad se hiciera cargo de su dirección.

El Rector Delich, que estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, menos una renovación que se le escapara de las manos, intentó primero anular las elecciones de estudiantes y graduados. Cuando esto le resultó imposible decidió intervenir la facultad, reemplazando a Dr. Gregorio Klimovsky por Vallana como decano interventor y el Dr. Torres como Vicedecano, con el objetivo de garantizar la elección del Dr. Torres como decano, mediante la manipulación del padrón de profesores, para impedir el acceso de los profesores del CEDEI al Consejo Directivo.

En febrero de 1986 nos reunimos con el Rector Delich que volvió a amenzarnos con la anulación de la elección de graduados, y nos planteó que era necesario no remover el pasado, para no poner en riesgo la autonomía y el cogobierno; que era necesaria una "democratización sin persecución". Como no hubo ningún acuerdo nos planteó que "dado que Oscar (Schuberoff) será el próximo Rector, arreglen directamente con él". Ese mismo mes nos reunimos con Shuberoff, que nos planteó que nuestra posición de padrones limpios, y no fraude en las elecciones de profesores era "ingenua". "Fraude habrá, ahora podemos arreglar para que sea de común acuerdo, o podemos hacerlo enfrentados". La propuesta que nos trajo fue simple e ingeniosa: el Dr. Torres sería el decano, y nos garantizaban dos profesores del CEDEI en el Consejo Directivo, con lo que con nuestros votos en graduados y estudiantes tendríamos la mayoría del Consejo. Siempre hemos defendido sobre todo los principios, y nos opusimos a todo acuerdo "en las sombras", fuera del ejercicio directo de la democracia por parte de los universitarios. De manera que nos plantamos en nuestra única posición posible: vamos a rechazar todo fraude, y no vamos a participar de ninguna maniobra.

Entonces la maquinaria del fraude adquirió una velocidad vertiginosa, que nos exigió un trabajo también muy intenso. El dúo Vallana / Torres, con la colaboración de los graduados apoyados por el rectorado, manipularon el padrón de profesores por dos vías básicas: el cierre de la revisión de los concursos de 1982/1983 sin criterio alguno, salvo el compromiso de voto del profesor designado por la dictadura (con lo que quedó claro el criterio real con que se había armado tan complejo mecanismo: convalidar o anular según las conveniencias locales del oficialismo en cada universidad o facultad), y un gravísimo manoseo de los concursos de 1985, que tanto trabajo habían costado para reunir jurados y candidatos de nivel, muchos residentes en el extranjero: Se buscaron fallas formales para su anulación, se demoraron, traspapelaron, se impidió la notificación del profesor que había ganado el concurso, todo para impedir su voto.

Así llegamos a las elecciones, con un padrón armado a medida. Los estudiantes movilizados tomaron la facultad e impidieron en gran parte la votación. El rectorado respondió habilitando urnas en el edificio de Viamonte y en el Colegio Carlos Pellegrini. Finalmente llegamos así al escrutinio del 7 de marzo de 1986, en el que la lista armada por el rectorado, presidida por el Dr. Torres, y apoyada por las direcciones oficiales de la UCR y el PJ obtuvo 66 votos, la del zardinismo 64, la de los profesores democráticos 40 y hubo 21 votos anulados.

El 18 de marzo fue la primera reunión del Consejo Directivo, para la elección del Decano. Logramos que se realizara en forma abierta, en el aula magna del Pabellón II. Y allí planteamos que una mayoría circunstancial estaba imponiendo un decano contra la voluntad de parte importante de los profesores, la gran mayoría de los graduados, la casi unanimidad de los estudiantes; democracia no son sólo elecciones, es no dirigir contra la voluntad del movimiento estudiantil; puede un Decano de ocupación dirigir un proyecto común al conjunto de la facultad? Los profesores de las listas del rectorado y zardinista aguantaron a pie firme la situación, e impusieron de todas formas su voluntad.

Ante el hecho consumado amplio fue el debate sobre qué hacer frente a esta dirección fraudulenta que se adueñaba de la facultad. La decisión que tomamos, que creo fue correcta, consistió en: no abandonar la facultad, no trenzar, no acordar nada a espaldas de los claustros, apelar a la movilización de la facultad real (los estudiantes, los graduados, los profesores e investigadores radicalmente democráticos), recuperar la iniciativa, dar protagonismo a los CADEP, pelear (donde era posible) por la dirección de los departamentos. A partir de 1988 pudimos fortalecer esta acción con la presencia de un representante de la Lista Participación Universitaria en el Consejo Superior, que más de una vez logró devolver a la facultad las decisiones más claramente indefendibles.

Esta actitud nos permitió obtener en el Consejo Directivo de los años 1986/1987 algunos éxitos, a pesar de encontrarnos en minoría. Fuimos todo el tiempo protagonistas de la vida del Consejo, y logramos muchas veces obtener algún voto aislado de los profesores para imponer nuestras posiciones. Se anularon las resoluciones de Vallana que dejaban sin efecto muchos de los llamados de 1985, se designaron jurados serios, se aprobaron dictámenes, se propusieron al Consejo Superior las designaciones de valiosos profesores.

En las elecciones de graduados y estudiantes de 1988 la situación en la facultad se complicó más aún, dado que la minoría de graduados y estudiantes la obtuvieron las agrupaciones UDE y UPAU, relacionados con el partido de derecha UCD (Unión del Centro Democrático) dirigido por el golpista Alvaro Alsogaray. Quedamos con sólo 6 votos en el Consejo Directivo, y con un fortalecimiento del sector más claramente derechista. La Lista Participación Universitaria comenzó entonces a publicar, con mucho esfuerzo, las Crónicas del Consejo Directivo, en las que con seriedad en el contenido y humor en la forma reflejábamos lo que sucedía en cada sesión. Estas crónicas, que se publicaron (por lo que yo sé) desde marzo de 1988 hasta 1991, eran repartidas entre profesores, graduados, estudiantes, y esperadas con curiosidad en el Consejo Superior. No es lo mismo votar en a espaldas de la facultad, que tener que hacerse responsable públicamente de las posiciones de cada uno. Creo que esta actitud, otra vez de hacer partícipe a toda la facultad de lo que estaba en discusión, nos permitió algunos éxitos parciales.

En 1989, pasados siete años, hubo que llamar a renovación de los concursos de 1982 que habían sido convalidados. Toda la Universidad sabía de que se trataba, pero el Consejo Superior, en la reglamentación y en toda la tramitación, hacía como si fuera la renovación de concursos celebrados en democracia. Como planteamos en el Consejo Directivo: "Seguimos con la danza del 82: los que están en sus cargos por concursos altamente cuestionados, se defienden con uñas y dientes para quedarse del modo que sea". La política de Torres fue seguir en cada departamento a la mayoría que lograra imponerse allí, de manera que las propuestas fueron muy dispares. En varios departamentos se reiteraron los concursos a medida de un candidato en especial, por medio de la excesiva especificidad del llamado. La mayoría de los graduados y estudiantes sólo avalamos los concursos en cinco departamentos. Y en el caso de Geología logramos que el Consejo Superior devolviera la convocatoria a la facultad en dos ocasiones.

Mientras tanto, llegaban las elecciones de renovación total de todos los claustros. Nuestra labor había dado sus frutos, con una importante renovación del conjunto de profesores e investigadores de la Facultad. Torres sintió claramente que su reelección corría peligro. Comenzaba el menemato. El zardinismo ocupaba posiciones en la Secyt. De manera que, perdido por perdido, en la sesión del Consejo Directivo del 31 de julio de 1989, en coordinación con los profesores más reaccionarios de la facultad de Medicina, la mayoría de nuestro Consejo Directivo presentó una resolución que pretendía volver atrás todo el trabajo de renovación democrática y académica del claustro de profesores. Solicitaba al Consejo Superior la anulación de las anulaciones de los concursos de 1982/83, y que solicitara al congreso la anulación de la Ley 22311/84 que anuló las confirmaciones de profesores regulares realizadas por la dictadura. En tanto esto se resolviera solicitaban que se le reconociera a ambos grupos de profesores los derechos de profesores ordinarios (por supuesto, esencialmente el de voto). Luego de muchas controversias, esta resolución fue finalmente aprobada el 28 de agosto por los tres profesores del zardinismo, el estudiante de UPAU, dos profesores de la lista que había sido de Delich / Schuberoff / Torres, y el propio Decano. Constituía, como denunciamos entonces, un "indulto para profesores". Pero las cosas habían cambiado ... El Consejo Superior dominado por los radicales no se alineaba tan fácilmente con el nuevo poder ejecutivo, de manera que la propuesta fue rechazada el 27 de septiembre de 1989.

Llegamos así a la elección de profesores de 1989, en la que la lista Afirmación Democrática Universitaria obtuvo 80 votos frente a Unidad y Renovación que obtuvo 76 y Facultad (el siempre presente zardinismo) que obtuvo 67.

A partir de entonces, cualquiera sea la valoración que hagamos de la gestión de la dirección de la facultad, comenzó otra historia, y pudimos recién entonces, seis años después del fin de la dictadura, cerrar el ciclo de la renovación del claustro de profesores.

Qué hipócrita resultó en la práctica el "principio de economicidad", y cuanto esfuerzo costó algo tan básico y elemental como cumplir con los compromisos públicamente asumidos de renovación del claustro docente.

Y que valiosa fue en este sentido la unidad de acción, contradictoria, plena de diferencias, del amplio espacio que une al progresismo y a la izquierda.

30/03/2006

NOTAS:

1 Lic. en Cs. de la Computación, 4to. Año aprobado en Lic. Cs. Matemáticas. Participé del movimiento estudiantil desde los 13 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y posteriormente en la FCEN. Durante el proceso de normalización de las universidades que se abrió a fines de 1983 fui miembro del CADEP de Matemáticas, del Consejo Académico Normalizador Consultivo de la Facultad, de la Comisión Revisora de los Concursos 1982/1983, del Consejo Directivo, y del Consejo Superior, siempre en representación de los graduados de nuestra FCEN. En la vida académica fui profesor adjunto interino en la FCEN y profesor de distintas universidades nacionales y otras entidades académicas. Actualmente me dedico a la actividad privada.

2 Preparando estas líneas no pude encontrar el enunciado original de esta afirmación del legislador radical Baglini. Encontré muchas citas del mismo, y son interesantes por sus diferentes significados: "los políticos se hacen más pragmáticos en la medida en que se acercan al poder", "cuando mas se acerca un político al poder mas se modera y mas va dejando de lado sus viejas ilusiones", "La posibilidad para un político (para una organización política) de cumplir los objetivos proclamados es inversamente proporcional a la cercanía que se halla del gobierno (poder)", "cuanto más lejos se está del gobierno uno se torna más irresponsable y formula manifestaciones que nunca haría si formara parte de él", "la capacidad de un político para decir estupideces se halla en proporción inversa a su cercanía del poder", "cuando alguien accede al poder automáticamente enfría sus críticas y se vuelve más conservador", "los principios se mantienen en relación inversa con la cercanía al poder".

3 Tengo todavía en mi libreta universitaria la siguiente página: "Geometría II, martes, miércoles, jueves y viernes de 9 a 12 horas" una firma y un sello del Departamento de Matemáticas

4 Preparé este cuadro con poco tiempo, puede haber errores en algunas cifras, pero lo esencial del cuadro general está bien reflejado. El sector indigente de la población es el que no logra obtener un ingreso que le permita cubrir la canasta básica alimentaria, pobres son quienes no pueden cubrir la canasta básica total, medio bajo quienes tienen un ingreso inferior al doble del necesario para no ser pobre, finalmente está el resto (superior) de la población. La relación entre el primer y el décimo decil según niveles de ingreso es una buena medida del nivel de desigualdad. Otra posible es el índice de Gini, que no valora tanto la relación entre extremos, sino la relación general. Siempre el gobierno de turno alaba al Indec cuando sus resultados le son favorables, y considera un disparate sus datos cuando no lo son. De la misma manera, elige entre ambas medidas de desigualdad, según cuál los favorezca en cada momento. Hoy ambas relaciones son peores que como las dejó la dictadura, pero el índice de Gini mejoró desde la asunción de Kirchner, no así la relación entre el primer y el último decil.

5 No soy peronista, no soy antiperonista. Sé que los compañeros peronistas que pertenecen a este espacio consideran su "peronismo" una esencia trascendente; no comparto pero respeto su convicción. En este sentido debo aclarar, como lo hice en la mesa redonda, que no comparto el agrupamiento de votos del movimiento estudiantil en el 73/74 que realizó mi amigo Luis Quesada Allué; en el caso concreto de nuestra facultad no me cabe duda de que los compañeros de la JUP y los reformistas de izquierda compartimos en esos años un espacio y una experiencia común cuya riqueza y complejidad reflejó bien en la misma mesa Oscar Martínez.

6 Como ya he mencionado, de todas formas ambas agrupaciones trabajaron coordinadamente.