Secretaría de Graduados y Asuntos Profesionales - SGAP
Proyecto de creación de un Consejo Profesional de Ciencias Exactas y Naturales de la Ciudad de Buenos Aires
Consideraciones políticas
Uno de los ejes de la gestión actual de la SGAP consiste en lograr los medios para la elaboración de un estudio sociológico completo y detallado acerca del grado de inserción profesional de los graduados de todas las carreras de la FCEyN en los últimos diez años. La idea es que, una vez obtenidos los resultados de esta clase de diagnóstico, la discusión interna genere políticas de Facultad que sean capaces de revertir las eventuales dificultades profesionales de nuestros graduados.
Como paso previo al estudio completo y sistemático, durante el año 1999, la SGAP realizó reuniones con graduados, de casi todas las carreras de la FCEyN, con el objeto de muestrear directamente las experiencias, opiniones, ideas y sugerencias generadas por los directos involucrados en referencia al tema de la inserción profesional. Aun teniendo en cuenta la heterogeneidad de las disciplinas, pudieron observarse dos características comunes.
Por un lado, pareciera existir una proporción considerable y creciente de graduados que intentan desenvolverse en medios estrictamente profesionales, es decir, fuera del circuito académico de investigación y docencia universitaria.
Por otro lado, el ejercicio profesional de las carreras de la FCEyN se dificulta especialmente en las áreas delimitadas previamente por leyes que regulan, en algunos casos desde hace bastante tiempo, la actividad de otras disciplinas relativamente afines a las nuestras pero de corte tradicionalmente profesionalista.
La consecuencia de estos hechos es que las oportunidades laborales para los egresados de la FCEyN se ven en la actualidad restringidas, condicionadas o subvaluadas.
Una de las estrategias ensayadas para cambiar este estado de cosas -por parte de grupos más o menos representativos de casi todas las carreras de la FCEyN y en muchos momentos del pasado reciente (ver el detalle más abajo)-, ha sido la de constituir Consejos Profesionales capaces de defender -en algún sentido gremialmente- a los graduados propios en la implementación de los alcances e incumbencias de cada una de las profesiones de nuestra Facultad.
En este contexto, la propuesta de la SGAP es que la FCEyN, a través de todos sus canales de discusión, genere un proyecto de ley, para presentar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que defina los alcances e incumbencias exclusivamente para el subconjunto de actividades profesionales (no académicas) de nuestras carreras. Esto implicaría la creación de un Consejo Profesional de Ciencias Exactas y Naturales, es decir, de una estructura que abarque simultáneamente a todas las carreras de la FCEyN.
La motivación para que, la comunidad de la FCEyN, sea la encargada de impulsar este proyecto, reside en el hecho que el mayor número de graduados intercomunicados se localiza naturalmente en la Facultad. No obstante, una de las tareas de la SGAP (compartida con otras secretarías) es la de jerarquizar el vínculo entre los graduados genuinamente externos, entre sí y con la FCEyN, para que su participación en proyectos como el presente sea más significativa.
No obstante, esta idea ha generado dos tipos de críticas en el seno de nuestra comunidad.
La primera objeción está referida a que todo Consejo -casi por definición- sería una corporación cerrada con el lucro como finalidad excluyente, que obligaría a todos los profesionales afines a adherirse como condición necesaria para poder desarrollar sus actividades laborales y que eventualmente tendría capacidad de acordar con poderes políticos y económicos sin demasiada representatividad.
La segunda crítica está referida a lo ilógico de regular actividades que, por propia naturaleza, se desarrollan sin condicionamientos, fronteras o regulaciones de ninguna clase, tal como son las asociadas a la creación de conocimiento científico.
Sin embargo, la idea de la SGAP es que este Consejo nazca de la dinámica democrática del cogobierno de la Facultad para que la discusión plural permita agotar todas las previsiones necesarias para diseñar una estructura que, una vez independiente de la FCEyN, no tenga margen para maniobrar inadecuadamente o fuera de los principios generales acordados inicialmente. Además, la idea apunta a que este cuerpo solo ejerza influencia legal en el subconjunto de graduados que se desenvuelva en el medio profesional y, al mismo tiempo, que explícitamente no afecte al resto de los graduados del campo académico.
Estas son las dos condiciones básicas sobre las cuales la FCEyN tendría que generar el texto del proyecto de ley respectivo.
El Consejo debería ser una herramienta necesaria solo para aquellos graduados que se desenvuelvan en medios profesionales que exijan confrontar incumbencias con carreras ajenas a la FCEyN. En otras palabras, los graduados cuya actividad se desarrolle enteramente en los ámbitos académicos no tendrían necesidad de matricularse. Por su parte, deberían diseñarse los reglamentos de tal manera que el cobro de una matrícula claramente sirva para satisfacer la cobertura de los gastos operativos del Consejo.
Consideramos que de ser factible redactar un proyecto de ley que garantice simultáneamente las condiciones anteriormente expuestas, es decir:
entonces sería bastante razonable haber avanzado en la dirección de la jerarquización del reconocimiento social de nuestros graduados del ámbito profesional.
Consideraciones técnicas
El Consejo Profesional de Ciencias Exactas y Naturales de la Ciudad de Buenos Aires, agruparía a todos los profesionales graduados en carreras dictadas en esta Casa de Estudios, a excepción de los geólogos que cuentan con uno propio desde hace décadas. Esto habilitaría legalmente a los afiliados a contar con una matrícula propia.
Para la creación del un Consejo, es requisito indispensable obtener la sanción de una ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Los pasos previos que deberían darse para lograr este objetivo serían:
Un proyecto cero de ley a partir del cual podría iniciarse la discusión es la adaptación que, tomando en cuenta la ley que crea el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires y la de otros tres colegios provinciales, hiciera la SGAP en el curso del presente año.
No se puede soslayar la consideración de las experiencias históricas a este respecto. En este sentido se puede mencionar que Geología es la única carrera que cuenta con un Consejo de alcance nacional; que Química y Biología lograron por separado, en algún momento, crear diferentes tipos de asociaciones que, de todas maneras, no llegaron a convertirse en Consejos por no haber tenido tratamiento legislativo los proyectos de ley por ellos generados; que Ciencias de la Atmósfera en el corriente año logró obtener media sanción legislativa (en el ámbito nacional) para promulgar una ley de ejercicio profesional y que en Física hubo movimientos de sus comunidades tendientes a implementar un eventual Consejo pero que nunca fructificaron. En el caso de Computación, quizás debido a su relativamente corta historia y a la dinámica misma de la disciplina, el tema de la colegiación pareciera no ser relevante pese a las iniciativas a este respecto, por parte de otras áreas de la Informática ajenas a la FCEyN, que podrían tener consecuencias sobre su campo laboral. Finalmente, no se conocen discusiones al respecto en el caso de Matemáticas.
Como se dejo traslucir más arriba, este intento de obtener una matriculación cuenta con numerosos antecedentes fallidos por diversas razones. Uno de los principales motivos de los resultados negativos reside en que siempre se intentó obtener la sanción de una ley en el ámbito nacional. Dada la enorme diversidad de temas que se tratan en el Congreso, la mayoría de las veces, los proyectos no pasaban de ser tratados en comisiones y, si lograban pasar esa instancia, ni siquiera llegaban a ser votados en la Cámara de origen.
Por estas razones se ha optado por la presentación ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, atento a las mayores posibilidades relativas de llegar a buen puerto en el intento. La consecuencia directa es que la norma cuya aprobación perseguimos tendría como ámbito de aplicación a la ex- Capital Federal. Sin embargo, evaluamos que esta circunstancia no constituye ninguna limitación, pues es posible hacerla extensible a otras jurisdicciones, mediante el simple expediente de realizar convenios con los Consejos correspondientes.
Otro aspecto interesante es que el Consejo, en tanto órgano de contralor de la matrícula, abarcará profesiones distintas (biólogos, químicos, físicos, etc.), tomando el ejemplo de otros Consejos existentes en la actualidad, como el de Ciencias Naturales de la Pcia. de Bs. As. mencionado anteriormente. Lo hemos concebido de este modo ya que con excepción de los biólogos, el resto de las profesiones incluidas carecen de una masa crítica mínima de graduados para impulsar e intentar conseguir la creación de Consejos propios, por separado.
Los porqués de una matrícula
El objetivo central de contar con una matrícula es el de garantizar el desempeño profesional en el ámbito de conocimientos que le son propios a cada una de las carreras. Esto conlleva un beneficio evidente para los egresados en campos profesionales pero también para la sociedad toda que, habiendo financiado la formación, puede confiar en que toda tarea, en la que tales graduados posean incumbencia, será efectuada por quienes estén más calificados para ello.
En la actualidad, muchas de las actividades, para las cuales los graduados de nuestra Facultad están perfectamente capacitados, son campo del desempeño profesional de egresados de otras Facultades. Entre los muchos ejemplos que se pueden mencionar en cada carrera, un biólogo posee el conocimiento y la formación necesarios para realizar análisis de ADN y podrá hacerlo; sin embargo, nunca podrá cobrar directamente por su trabajo pues éste deberá ser avalado y firmado por un médico. Ningún graduado de esta Casa de Estudios puede actuar personalmente como perito oficial en ningún juicio porque, para ello, se requiere estar inscripto en los registros con que cuentan los distintos Tribunales Superiores. En estos registros solamente se admiten a aquellas profesiones que cuentan con matrícula.
Se ve claramente entonces que el campo de lo profesional se dirime en el ámbito de la legislación vigente y por ende, en los lugares donde la normativa se discute. Si los graduados de nuestra Facultad no están representados en dichas discusiones (y de hecho nunca lo están ya que no están agrupados en entidades que los comprendan), ninguna regulación de ninguna actividad los tendrá en cuenta. Se genera así una situación sin salida para nuestros egresados en la cual quedan afuera de las posibilidades de trabajo en áreas que son de su competencia por la simple razón de que no hay una defensa orgánica de espacios "naturalmente" propios.
Prueba de lo relatado es lo ocurrido con la sanción de la ley 123 de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en diciembre de 1999. Esta norma prevé por ej. que todo nuevo emprendimiento inmobiliario a realizarse en el ámbito de la ciudad deberá contar para su aprobación, con un dictamen favorable de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). El punto es que la ley aún no se ha reglamentado y está por definirse quienes serán los profesionales que podrán efectuar (y cobrar) las EIA. Los debates, que en estos momentos están teniendo lugar, cuentan por una parte, con una postura muy fuerte defendida por las profesiones colegiadas correspondientes según la cual solamente podrán encargarse de las EIA, profesionales que cuenten con matrícula habilitante. Del otro lado, están aquellos profesionales con formación formados para hacer los estudios planteados (v.g. nuestros egresados) pero sin representación institucional propia, que plantean que cualquiera que se inscriba en un registro ad hoc debiera estar habilitado para hacer una EIA. Todo indica que esta segunda posición carece de fuerza para imponer su criterio. El resultado concreto es que por ej. un químico no estará autorizado per se para medir contaminantes, tampoco un biólogo respecto a aspectos de ecología urbana, etc.
Cabe destacar que ante los hechos consumados del debate planteado, fue esta Facultad la que tuvo que nombrar representantes que defiendan la postura de los profesionales no colegiados. De este modo, la Facultad se encuentra realizando gestiones que más bien le corresponden a una entidad cuya razón de existencia fuera la defensa de los intereses de sus integrantes.
Estos no son más que algunos ejemplos de cómo la carencia de una matrícula conspira contra la existencia de posibilidades de trabajo para aquellos graduados de la FCEyN que no aspiran a desenvolverse en el ámbito de la investigación científica.
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