La política con la que trabaja actualmente este Área es aquella por la cual las Pasantías Educativas  configuran, en primer término, un complemento educativo a la formación de grado que provee la Facultad para que algunos de sus estudiantes adquieran experiencia en medios no académicos (en el sentido de profesionalizados) y, en segundo término, un recurso laboral.

La segunda condición se satisface automáticamente con solo dos actores: el pasante y las instituciones/empresas . En esta instancia, la Facultad solo protagoniza el rol pasivo de proveedora del soporte adminstrativo que valida la relación entre las otras dos partes. De hecho, el análisis del sistema de pasantías de la última década muestra que ese ha sido casi el único rol de la mayoría de las diferentes unidades de la Universidad Pública. En otras palabras, solo trasnferencia de recursos públicos al sector privado.

Sin embargo, la primer condición corresponde a la parte activa del rol de la Facultad en este tema. En tanto la Facultad sea capaz de introducir la lógica académica en la regulación de la relación entre los estudiantes y las instituciones/empresas, no solo  se alcanzará la finalidad educativa, que más allá de estar estipulado por la ley es lo más deseable que ocurra, sino que le permitirá a la Universidad Pública fijar algunos lineamientos en la mencionada relación.

Introducir la lógica académica en la relación pasantes-instituciones/empresas significa evaluar rigurosamente:
 

• el rédito educativo en los objetivos de una pasantía propuesta,
• la lógica de las condiciones laborales y su relación con el perfil académico de un postulante ideal para la pasantía propuesta,
• el grado de ajuste entre los perfiles de los postulantes reales a una pasantía propuesta y los requerimentos laborales de la misma,
• la evolución de la pasantía.

Los bancos de evaluadores de los diferentes Departamentos Docentes constituyen, de manera orgánica, una parte insustituible de este sistema.

 
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